Ajenos a la batalla por la democracia de Madrid, los capitalistas prosiguen su lógica de constante beneficio sin detenerse a lamentar las muertes ni las carencias de lo que ahora es conocido como "precariedad energética".
La sanción impuesta a la empresa Naturgy -entonces Gas Natural- por la muerte en un incendio a finales del 2016 de una anciana de Reus, a la que se le cortó el suministro de electricidad por un impago de 200 euros y que se vio obligada a alumbrarse con velas, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal ha declarado la anulación de la sentencia tras admitir el recurso de la compañía, aunque resta el recurso de casación que consecuentemente ha cursado la Generalitat.
La multa ascendía a 500.000 euros pues fue considerada como una infracción de carácter muy grave. No en vano el caso sumaba una serie de considerables agravantes: se trataba de una mujer mayor a la que le fue cortada la luz sin haber sido solicitado un informe de los servicios sociales para comprobar si la persona se encontraba en situación de riesgo residencial, tal y como establece la ley 24/2015 sobre "pobreza energética".
El Ayuntamiento de Reus era conocedor de la situación de vulnerabilidad de la señora desde unos años antes de que se produjera el estado de impago. El corte de luz se prolongó durante dos meses en los cuales la empresa no alertó a los servicios sociales. Se da la circunstancia además de que la mujer percibía una ayuda por el mismo motivo para el suministro del agua.
Durante los meses en que la anciana, de 81 años, permaneció sin luz, empleaba velas para iluminarse. En la madrugada del 14 de noviembre de 2016 una de esas velas prendió el colchón donde dormía y se produjo un incendio del que no pudo salir con vida. Con ella residía una nieta que no se encontraba en casa en el momento del suceso. El piso incendiado se encontraba en el bloque de una calle céntrica del municipio de Reus, cerca de la zona comercial y rodeado de tiendas y cafeterías.
Pese a que la sentencia no es firme y ha sido recurrida al Tribunal Supremo, sorprende que el tribunal equivalente en Cataluña haya aceptado el recurso y se haya alineado de este modo con la compañía. Ni la supuesta concienciación social adquirida frente a lo que hoy se denomina "pobreza energética" ni la puesta en marcha de normativas legales al respecto parecen haber afectado al tribunal catalán, cuya anulación mueve a pensar que existen conexiones más que probables entre las garantías protegidas por los poderes judiciales y los oligopolios energéticos.
La excusa que argumenta el tribunal regional es que el principio de precaución no está suficientemente desarrollado en el reglamento en cuanto a su aplicación, como esgrimían los abogados de Naturgy, aunque sí avala la constitucionalidad de esa norma. Asociaciones como la Alianza contra la pobreza energética (1) consideran que la ley es clara y que las excusas del desarrollo reglamentario son empleadas por estas compañías para no aplicarla.
La situación de Naturgy es muy significativa en la tesitura actual de la economía española.
Naturgy proviene de la anterior Gas Natural Fenosa y es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico, con sede operativa en Barcelona aunque su sede social está en Madrid. Es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, junto a Endesa e Iberdrola.
Estas tres grandes empresas poseen la práctica totalidad del mercado eléctrico español. Naturgy derivó de Gas Natural a partir del cambio de denominación en el 2018 para abarcar las líneas de negocio de aprovisionamiento de gas natural y la generación y distribución de electricidad tanto en territorio nacional como internacional. Opera en los cinco continentes y sus acciones cotizan en las bolsas españolas. Como es obvio, forma parte importante del índice IBEX 35.
Destacados personajes nacionales, tales como el propio Felipe González, la ex ministra Garmendia o Narcís Serra, sintieron la necesidad de colaborar como asesores con esta gran empresa una vez terminada su labor política.
En plena pandemia y pese a los movimientos vecinales que protestan por la escandalosa subida de la factura eléctrica durante los meses de mayor frío, además de por los cortes de luz producidos por el deterioro de las infraestructuras en los barrios obreros, Naturgy está pendiente de aprobar la oferta de un fondo de inversión, el fondo IFM con origen australiano, que pretende hacerse con un 22% del capital social, lo que supondría un movimiento de 5.000 millones de euros.
Pese a que en un principio miembros del Gobierno como el propio Sánchez se mostraron reticentes a esta maniobra (dado que la operación necesitaría el visto bueno del Ejecutivo, pues una compra de capitales de un 10% de estas empresas estratégicas debía estar autorizada por la CNMV y por el Consejo de Ministros), son crecientes los indicios de que esta compra se hará efectiva y cuenta con el apoyo de la ministra económica Calviño, quien ha llegado a expresar que esta venta pone en evidencia la buena salud de las empresas nacionales, y cuenta también con la inhibición de la ministra del ramo, Reyes Maroto (3), que ha manifestado su intención de no valorar el expediente dado que su marido es trabajador de la propia empresa.
Los accionistas de este gigante energético español son el propio Estado en un 22%, el fondo de inversión Global Infrastructure Partners, Rioja Bidco y una de las filiales de la Caixa, que posee la cantidad mayoritaria de acciones, casi el 25%. Es la Caixa precisamente la parte más interesada en esta venta, pues se muestra públicamente partidaria y anuncia un suculento ingreso de capital de llegar a producirse la operación. Este aumento de capital permitiría a la Caixa consolidarse en el primer puesto de las entidades bancarias españolas, tras la fusión con Bankia, el banco que se fue a pique tras el escándalo de las acusaciones de falsedad contable y estafa mercantil que involucraron al ex ministro Rodrigo Rato.
Sin embargo, Rato ha sido recientemente absuelto de estos cargos y ya no se cuestiona el enorme gasto del rescate de Bankia. De este intrincado modo, propio de una telenovela de enredos y que recuerda a la habilidad prestidigitadora de los tahúres, la economía española sigue su curso, a través del salto de unas empresas a otras, del movimiento de capitales de unas compañías mediante la absorción de otras, entre cuya circulación se diluye el dinero público, que tanta falta hace para otras necesidades como las sanitarias, tal y como estamos experimentando en propia carne en esta pandemia, sin inmutarse por las muertes de ahora ni por las de hace años, pues para el capital las personas no son más que meras mercancías mientras son activas laboralmente, luego ya incómodos lastres que quedan a dos velas.
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