El papa Francisco y la Iglesia Católica han quedado retratados al situarse del lado de las derechas italiana y europea y de las posiciones de más rancia tradición conservadora, pues el Vaticano ha exigido de manera formal que el Gobierno modifique un proyecto de ley contra la transfobia y la homofobia que se tramita en estos días en Italia.
Este conflicto diplomático entre ambos Estados está causando un enorme revuelo en la opinión pública italiana y en el mundo, pues vendría a poner en cuestión el carácter tolerante de Francisco, considerado el "papa progresista" y modelo a seguir por muchos políticos -incluidos destacados representantes de la izquierda, también en España- como ejemplo de acercamiento y de posibilidad de obtener avances sociales mediante el diálogo con los poderes fácticos.
Resulta llamativo que se produzca este intento de alterar la legalidad nacional en un momento en el que parecía que la institución católica procuraba un esfuerzo en distanciarse, a través de la figura carismática de Francisco, de sus antecesores en cuanto a la rigidez de la Iglesia para consentir la libertad afectiva y sexual de las personas que difieren de la norma estipulada tradicionalmente por la doctrina católica.
Este conflicto viene a demostrar que las cuestiones de sexualidad, afectivas o de género, situadas en el foco de la atención internacional en nuestros días, son utilizadas y reconducidas como cualquier otro asunto por los poderes económicos a su conveniencia, y que tras el supuesto interés en la igualdad y la justicia se esconden intereses lucrativos de poderes fácticos que manipulan esos ideales para absorberlos como propios, siguiendo el modo de tergiversar las luchas que suele emplear el capitalismo.
En el caso que ocupa esta entrada, la contradicción que evidencia esa falsedad en cuanto a la supuesta aceptación de la diversidad sexual por parte de la Iglesia se encuentra en el choque de intereses que esto produce en la creación de futuros usuarios que supone el adoctrinamiento en los colegios.
Según informó el diario Corriere della sera (1), la cuestión polémica se centra en ciertos aspectos de la nueva ley, que la Iglesia no acepta. El Vaticano pidió al Gobierno italiano a través de los canales administrativos que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se estaba tratando en el Senado. Esta petición, realizada por un representante de la Santa Sede mediante escrito formal en la embajada italiana, supone un hecho inédito en las relaciones entre Estado e Iglesia, pues sería la primera vez que se trata de realizar -por escrito- una injerencia en la aprobación de una ley. El estudio del texto legal ha quedado temporalmente detenido y cuenta además con el rechazo de los representantes de Forza Italia y otros miembros de la derecha.
Las reticencias vaticanas a la ley se fundamentan en que contravienen, a su entender, algunos privilegios de los que goza la Iglesia Católica y que sostiene gracias al Concordato (acuerdos firmados el siglo pasado entre el papa Pío XI y Benito Mussolini que otorgaban la independencia del Estado Vaticano y su relación con el Gobierno italiano, así como los acuerdos económicos y fiscales).
Según afirma la protesta registrada por el portavoz vaticano, la norma determinaría que las escuelas católicas no estarían exentas de celebrar una nueva jornada nacional establecida en la ley: la Jornada nacional contra la homofobia. Es decir, los centros educativos católicos no podrían negarse a realizar los actos con finalidad instructiva que se relacionen con esta jornada efectuada a nivel nacional. “Algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica" especificó el representante religioso en el escrito entregado en la embajada, según publicó el diario italiano Il Corriere della sera.
Como es lógico, esto dejaría expuesta a la Iglesia Católica y a sus establecimientos docentes en una difícil disyuntiva: acatar la ley y enseñar en sus centros ideas que contravienen el adoctrinamiento de sus futuros usuarios, o desobedecer la ley y arriesgarse a ser objeto de denuncias por delitos de odio. Aquí se verá hasta dónde alcanza la preocupación desinteresada de los poderes fácticos en cuanto al tema de moda hoy día.
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