Lo más maravilloso de Xi Jinping

Publicado en el diario El Común  30/09/2021

"No se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así. Nada". Esto advertía el comandante Ernesto Guevara en un discurso en el que rememoraba al líder anti-imperialista Patrice Lumumba, asesinado en 1961 por agentes belgas y norteamericanos. El Che lo pronunciaba bien despacio y claro, ni tantito, y mostraba sus dedos apretados. 

Así como su imagen ha quedado para algunos como icono de camisetas, parece ser que su mensaje se ha diluido en lo que va de este siglo. Al menos en España la izquierda, hasta la que se dice marxista, ha decidido tomar como referente a los Estados Unidos y a su organismo filial en el Viejo Continente, la Unión Europea, y nos asegura que es un avance maravilloso que ahora el imperio nos muestre la moneda por la cara de Biden, en lugar de mostrar la moneda por la cruz de Trump.

Sabemos, porque nos repiten a diario, que Putin no es un santo. Los medios nos fatigan con noticias sobre el régimen chino, su opacidad, su totalitarismo. Pero basta con rascar un poco para encontrar bajo la espesa cortina mediática información imparcial que muestra que no todas la noticias que llegan de oriente son tan negativas, ni lo que llega de occidente tan maravilloso.

La pandemia le ha quitado la careta al capitalismo. Un virus ha desnudado de sus disfraces al sistema, ha aireado todas sus vergüenzas. Asimismo de un manotazo ha dejado desnudo al poderoso imperio americano, que ya venía mostrando sus debilidades en la pugna tecnológica. Entre otros aspectos, se ha demostrado la superioridad de los sistemas que poseen cierta planificación estatal, con capacidad para responder de manera ordenada ante una emergencia, frente a la anarquía del libre mercado.

Se ha demostrado además que los países que mantienen una organización sanitaria pública pueden defender con mayor eficacia a su pueblo, en oposición al desastre caótico de la sanidad dejada en manos de intereses empresariales.

Debemos preguntarnos pues ¿por qué nuestros representantes de izquierdas se empeñan en ponernos como modelo a la versión "moderada" del imperialismo USA y nos escamotean los avances de las otras potencias mundiales?

Es Joe Biden y no otro quien ha continuado obstaculizando, por la fuerza bruta del criminal bloqueo, la cooperación científica entre China y Cuba en las investigaciones conjuntas sobre las vacunas del COVID, saltándose hasta la más simple norma del sentido común, la colaboración internacional como fundamento del método científico. 

Es Joe Biden quien sigue ordenando bombardeos en Siria, incapaz de aceptar el resultado de las elecciones, en las que el pueblo sirio (incluido el emigrado, cuyo voto fue exigido por USA creyendo que le sería favorable) espetó en la cara de tío Joe: sí, puede que Al Assad no sea un santo tampoco, pero no nos ha abandonado, se ha mantenido firme, no ha permitido que ustedes dejen nuestra tierra como un solar, como hicieron con Libia y tantos otros. 

¿Es esto lo maravilloso? ¿Debemos tolerar esas infamias a cambio de leves mejoras y reformas, un pequeño impuesto para ricos aquí, una ayudita para pobres allá, cuyo objetivo no es beneficiar a la clase trabajadora sino sostener al sistema, en una versión renovada de la fórmula keynesiana?

¿No merece un poco más el calificativo de maravilloso que el líder de una potencia mundial, Xi Jinping, ofreciera en la Asamblea Mundial de la Salud un par de meses tras el estallido de la pandemia que las vacunas que se desarrollaran en China contra el COVID19 y que lograran un resultado efectivo estarían disponibles para el resto del mundo como un “bien público”? ¿No es más cercano a lo maravilloso que se apele a la solidaridad y cooperación internacional?

¿Qué tipo de alineamiento geopolítico justifica esta retorcida visión de la realidad? ¿Cuál de las supuestas múltiples versiones del marxismo admite esta lógica? ¿No sería más apropiada una interpretación del imperialismo (más si viene de una organización que se atribuye el leninismo entre sus principios) que al menos destapase a los trabajadores nuestra posición de dependencia de la UE y la OTAN? Sobre todo si para el próximo intento de frente amplio deseamos que los comunistas sean la vanguardia, no la extravagante comparsa de los defensores del capitalismo de rostro amable.

El Vaticano frena la ley italiana contra la homofobia

El papa Francisco y la Iglesia Católica han quedado retratados al situarse del lado de las derechas italiana y europea y de las posiciones de más rancia tradición conservadora, pues el Vaticano ha exigido de manera formal que el Gobierno modifique un proyecto de ley contra la transfobia y la homofobia que se tramita en estos días en Italia.

Este conflicto diplomático entre ambos Estados está causando un enorme revuelo en la opinión pública italiana y en el mundo, pues vendría a poner en cuestión el carácter tolerante de Francisco, considerado el "papa progresista" y modelo a seguir por muchos políticos -incluidos destacados representantes de la izquierda, también en España- como ejemplo de acercamiento y de posibilidad de obtener avances sociales mediante el diálogo con los poderes fácticos. 

Resulta llamativo que se produzca este intento de alterar la legalidad nacional en un momento en el que parecía que la institución católica procuraba un esfuerzo en distanciarse, a través de la figura carismática de Francisco, de sus antecesores en cuanto a la rigidez de la Iglesia para consentir la libertad afectiva y sexual de las personas que difieren de la norma estipulada tradicionalmente por la doctrina católica.

Este conflicto viene a demostrar que las cuestiones de sexualidad, afectivas o de género, situadas en el foco de la atención internacional en nuestros días, son utilizadas y reconducidas como cualquier otro asunto por los poderes económicos a su conveniencia, y que tras el supuesto interés en la igualdad y la justicia se esconden intereses lucrativos de poderes fácticos que manipulan esos ideales para absorberlos como propios, siguiendo el modo de tergiversar las luchas que suele emplear el capitalismo. 

En el caso que ocupa esta entrada, la contradicción que evidencia esa falsedad en cuanto a la supuesta aceptación de la diversidad sexual por parte de la Iglesia se encuentra en el choque de intereses que esto produce en la creación de futuros usuarios que supone el adoctrinamiento en los colegios. 

Según informó el diario Corriere della sera (1), la cuestión polémica se centra en ciertos aspectos de la nueva ley, que la Iglesia no acepta. El Vaticano pidió al Gobierno italiano a través de los canales administrativos que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se estaba tratando en el Senado. Esta petición, realizada por un representante de la Santa Sede mediante escrito formal en la embajada italiana, supone un hecho inédito en las relaciones entre Estado e Iglesia, pues sería la primera vez que se trata de realizar -por escrito- una injerencia en la aprobación de una ley. El estudio del texto legal ha quedado temporalmente detenido y cuenta además con el rechazo de los representantes de Forza Italia y otros miembros de la derecha.

Las reticencias vaticanas a la ley se fundamentan en que contravienen, a su entender, algunos privilegios de los que goza la Iglesia Católica y que sostiene gracias al Concordato (acuerdos firmados el siglo pasado entre el papa Pío XI y Benito Mussolini que otorgaban la independencia del Estado Vaticano y su relación con el Gobierno italiano, así como los acuerdos económicos y fiscales). 

Según afirma la protesta registrada por el portavoz vaticano, la norma determinaría que las escuelas católicas no estarían exentas de celebrar una nueva jornada nacional establecida en la ley: la Jornada nacional contra la homofobia. Es decir, los centros educativos católicos no podrían negarse a realizar los actos con finalidad instructiva que se relacionen con esta jornada efectuada a nivel nacional. “Algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica" especificó el representante religioso en el escrito entregado en la embajada, según publicó el diario italiano Il Corriere della sera.

Como es lógico, esto dejaría expuesta a la Iglesia Católica y a sus establecimientos docentes en una difícil disyuntiva: acatar la ley y enseñar en sus centros ideas que contravienen el adoctrinamiento de sus futuros usuarios, o desobedecer la ley y arriesgarse a ser objeto de denuncias por delitos de odio. Aquí se verá hasta dónde alcanza la preocupación desinteresada de los poderes fácticos en cuanto al tema de moda hoy día. 

(1) enlace a noticia italiana 

Pedagogía de la factura progresista

Lo llaman hacer pedagogía aunque lo que quieren decir es que van a ser didácticos. Se refieren a que van a ser ilustrativos, que van a esclarecer un asunto, esto es, que van a explicar algo de manera que se entienda. 

Pero lo que ocurre al final es que no se entiende. Ni esclarecen, ni nos ilustran. Se queda uno peor de lo que estaba con la explicación. Tú que estás mirando esto probablemente habrás leído alguno de esos artículos con infografías detalladas sobre las eléctricas, o has recurrido a un hilo de Twitter que explica la factura y los horarios valles y picos y te habrás perdido o aburrido antes de terminar. 

Esto es porque -en realidad- no hay mucha intención de ser pedagógicos, ni didácticos. Por eso recurren a expresiones grandilocuentes como hacer pedagogía, cuando simplemente bastaría con hablar claro y llamar a las cosas por su nombre.

Pues sí, esto de la economía política suele ser aburrido y la mayoría de trabajadores (personas trabajadoras, se dice ahora) no tiene tiempo para leer esos artículos. La buena noticia es que si se tiene la paciencia de pararse a pensar unos minutos, sí se puede comprender de una forma sencilla. Esa es la intención de esta entrada, que es un poco larga (me enrollo mucho, es verdad) pero para nada compleja.

La explicación oficial viene a decir que la factura de la luz sube porque los precios varían según la demanda y la oferta (¡ojo! esta justificación sirve tanto para la luz como para la subida de los precios de cualquier producto, para los alquileres de las viviendas, etc). Nos dicen que lo ideal sería nacionalizar esas empresas tan importantes, que si fueran públicas sería mucho mejor, pero que esto es muy complejo (este argumento también es usado con las pensiones, la educación o la sanidad, que sería deseable que fuera todo público, pero es muy difícil). Por último, si esto no convence, se explica que con 35 diputados no se puede hacer mucho, que con eso sólo se puede empujar para lograr algunas mejoras, como por ejemplo pedir horarios con tarifas más asequibles o eliminar ciertos impuestos a las empresas -con ayuda estatal- que a su vez nos rebaje el precio. 

El Ministro de Consumo nos asegura que empuja con todas sus fuerzas para bajar la factura.

¿Se puede dar una explicación diferente y que no acabe en resignación? Sí, se puede. Algunas personas (insidiosos amargados como el que suscribe) hasta creen que, teniendo en la mano el altavoz de los ministerios, no solo no se puede sino que se debe.

Para llegar a una explicación más didáctica y más completa (que no oculte algunos matices importantes) necesitaremos repasar dos cuestiones:

- primero, ¿cómo funcionan esos mercados?

- segundo, ¿de qué forma nos enfrentamos a esos mercados?

Vayamos por partes: ¿cómo funciona el sistema? Si recuerdas, al principio de la pandemia, cuando empezaba a ser evidente que, en efecto, la mascarilla era un producto necesario (y que los chinos no eran tan exagerados al salir a la calle con sus mascarillas sino que sabían lo que hacían), hubo una serie de avispados emprendedores, muy patriotas, que enseguida trataron de hacer negocio vendiendo por su cuenta las existencias de mascarillas que había, a un precio por supuesto bastante elevado.  

Enseguida se comprendió que era necesario regular esos precios y buscar la forma de asegurar desde el Estado una manera de acceder a las mascarillas para todas las personas del país. Esto no era una cuestión de solidaridad o de empatía. Se trataba de una cuestión de frenar una pandemia, un interés común, algo que estaba por encima del interés privado, pues ni el más rico de entre los ricos quedaba libre de morir asfixiado si el virus se continuaba propagando. 

Es un ejemplo entre muchos del funcionamiento del sistema en que vivimos, el capitalismo. La sociedad queda en último término determinada por los vaivenes de los mercados. Algunos países son más liberales y creen en la permisividad total del comercio entre las empresas, otros tratan de intervenir esos mercados con normas desde los Estados, pero a fin de cuentas es el Mercado (como sujeto en mayúsculas, una especie de equilibrio global entre oferta y demanda) quien decide.

Pero ¿no íbamos a hablar de la luz? Un poco de paciencia. Si recuerdas, no hace mucho se coreaba en las manifestaciones "¡no hay democracia si gobiernan los mercados!". ¿Qué se hizo de aquel eslogan? ¿Ya no vale? ¿Estando en el Gobierno es diferente? ¿Cómo funcionan esos mercados que incluso los gobiernos no pueden con ellos?

Para entenderlo tenemos que comprender aunque sea a grandes rasgos cómo funciona ese sistema, el capitalismo. Es un asunto tan importante que incluso el propio Marx dedicó la mayor parte de su vida y su trabajo a desentrañar su funcionamiento y en ello enfocó su obra principal, El capital.

Otro ejemplo más perverso del funcionamiento del sistema lo tenemos en la propia pandemia. Las grandes empresas farmacéuticas hicieron su agosto el pasado año cuando comenzaron a anunciar que lograban avances en las vacunas. Las acciones en las grandes bolsas mundiales se dispararon, hasta tal punto que directivos de esas grandes empresas vendieron las acciones que poseían por cantidades indecentes de dinero. A estas alturas deben estar en las Bahamas tomando daikiris. 

¿Por qué subieron las acciones de las farmacéuticas en bolsa? Porque sabían que era un valor seguro, en un doble sentido: porque es un producto con comprador seguro, puesto que todo el mundo va a necesitar una vacuna, pero además porque sabían que los Estados miembros de la UE y todos los países alineados con EEUU acordarían mediante contrato la compra de SUS vacunas (las de las farmacéuticas afines a EEUU) y no las vacunas rusas o chinas o cubanas, igualmente efectivas y aprobadas por la OMS, aunque estas fuesen más baratas, se almacenasen en condiciones más favorables o estuviesen listas antes. Esos contratos además eran opacos y sólo hemos conocido detalles a través de filtraciones de la prensa.

Seguramente estarás pensando, o eso espero, ¿y eso se hizo a pesar de que dependían de ello miles de vidas? Sí, en efecto, así es. Al sistema en que vivimos, el capitalismo, le importa bien poco si vives o mueres, en todo caso le interesarás si puedes ofrecer tu fuerza de trabajo, como una mercancía, y cuando no tengas fuerzas para trabajar pasarás a estar viviendo por encima de tus posibilidades.

Esto es así tanto en el capitalismo más salvaje como en el de rostro amable, tanto si gobierna el malaje de Trump como si lo hace la racializada y feminista Kamala. Variará poco de unas opciones a otras.

En el caso concreto de las energéticas también se puede distinguir esta forma de actuación por parte del sistema: en España son tres las grandes empresas que controlan el sector energético, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Es un oligopolio (entre unos pocos controlan todo).

Las tres vienen de organismos que fueron propiedad del Estado o se beneficiaron y siguen beneficiándose del dinero público (ese dinero que no hay para las pensiones o mejorar la sanidad pública pero sí lo hay en cantidades enormes para rescatar bancos o empresas quebradas), pero luego se liberalizaron, vendiéndose al mejor postor con la excusa de que ello mejoraría la calidad del servicio.

💥Endesa, por ejemplo, pertenece en un 70% a una empresa italiana. 

💥Iberdrola tiene como accionistas, entre otros, a Qatar (ese ejemplar país) o a Black Rock (una poderosísima empresa de gestión de activos radicada en Nueva York).

💥Naturgy, antes Gas Natural, sí, la de nuestro querido Felipe González, está dividida en diversos dueños y próximamente será comprada en un 20% por un fondo de inversión australiano, con el beneplácito del Gobierno (y si no es vendida será porque se opone otro de sus accionistas, La Caixa, banco que próximamente despedirá a 7.000 empleados para tener dinero con el que afrontar este tipo de inversiones).

Por si no lo sabes, un fondo de inversión es un conjunto de identidades -puede ser un particular, una empresa u otro conjunto de asociados anónimos- que se unen para realizar inversiones de manera diversificada. Esto es, para especular con acciones de empresas poniendo un poco allí y un poco allá, de manera que obtenga beneficio con esas inversiones.

Los fondos de inversión por tanto son muy interesantes para quien pueda permitirse apostar una suma elevada de dinero y sacar rendimiento con ello. A los componentes de esas sociedades les importa bien poco cómo se obtenga el beneficio o a través de quién. Su único afán es el lucro, cuanto más dinero y más rápido, mejor. Algunos fondos de inversión son tan poderosos que con su influencia pueden hacer tambalear la bolsa de un país entero. 

Pero para las personas trabajadoras su efecto es devastador. Las personas trabajadoras, que supuestamente seríamos beneficiadas con una oferta empresarial más diversa, quedamos perjudicadas ante especuladores a quienes no les importa nada si ofrecen buen servicio o no. Preguntemos a las familias de quienes perdieron a familiares que vivían en residencias de ancianos privadas, cuyos propietarios son precisamente fondos de inversión con capital en Jersey o Luxemburgo.  

¿Recuerdas el caso de una señora mayor que murió en un incendio provocado por las velas que usaba para iluminarse tras haberle cortado la luz por impago? La empresa que le cortó la luz, Naturgy, fue sancionada con una fuerte multa porque a la anciana se le cortó el suministro sin hacer un informe previo tal como exige la normativa. Sin embargo, Naturgy prolongó la demanda con recursos hasta lograr que finalmente fuera anulada la sanción. 

En su  momento también Marx y Engels terminaron con la boca dolorida de repetir que el aparato ideológico de una sociedad (los organismos políticos y judiciales entre ellos) son como son porque están sustentados sobre la infraestructura económica. Pero eso ya es apartarse mucho del tema, sigamos. 

Pero si esto es así, ¿qué hacen los partidos de izquierdas al respecto?, ¿qué podemos hacer?, te preguntarás. 

Llegamos a la segunda cuestión importante: ¿cuál es la actitud de la izquierda frente al capitalismo?

Para verlo antes necesitaremos profundizar un poco más (uf, sí, es pesado esto pero no hay más remedio si queremos entender) en el funcionamiento del capitalismo.

Si tienes la curiosidad de buscar ahora mismo en Google una definición de economía, verás que casi todas las entradas hablan de una "ciencia que trata la administración de los recursos disponibles, de manera que se satisfagan las necesidades de las personas" (no reírse por favor).

En esas definiciones se hace referencia además a una especie de ciclo de la economía, separado en partes o etapas, que pueden resumirse en tres:

PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN-CONSUMO

Básicamente, una mercancía es producida, después distribuida y por último consumida, en un ciclo que se encarga de cumplir esas necesidades y cuya dinámica es la fuente (eso nos dicen) de la riqueza de un país o de una empresa o un particular. 

Poner el centro de atención en una u otra etapa de este ciclo no es una cuestión sin importancia. Al contrario, ello determina la actitud política.

Si te fijas, en nuestros días los gobiernos y las empresas ponen el énfasis en la distribución y el consumo. Tanto los representantes políticos como la propaganda de las grandes marcas se esfuerzan en decirnos que "hay que tener un consumo responsable". En la imagen que está debajo de estas palabras tienes un ejemplo entre miles de ese consumo responsable, que en este caso está patrocinado por Iberdrola, una de las tres patas del oligopolio español.

 

Otra forma de poner el énfasis en la distribución y el consumo es decirnos que el capitalismo provoca injusticias porque está mal distribuido, que hay un mal reparto de la riqueza, por avaricia o por irresponsabilidad o por lo que sea. Esta manera de entenderlo es muy extendida en los partidos de izquierda de todo el mundo, y en sus programas nos ofrecen una especie de control del mercado que, por ejemplo, propone que la economía sea circular, en especial referencia a su sostenibilidad. Siendo más ecológicos, nos dicen, más responsables, se detendrá la acumulación de la riqueza en pocas manos, se distribuirá mejor y de paso salvamos el Planeta. En la imagen siguiente tienes un ejemplo de otra de las tres patas, en este caso nuestra querida Endesa.

Esta forma de entender el modo de enfrentarse al capitalismo es la tendencia de moda hoy en la mayor parte del mundo. No es un invento nuevo, al contrario, es bastante viejo, pero ahora se reviste con ideales ecológicos, igualitarios o tecnológicos.  Nosotros, como europeos, estamos alineados con esta estrategia y nuestros gobernantes nos aseguran que están empeñados en ser más equitativos en el reparto de la riqueza y en la sostenibilidad de los recursos naturales. Mirad una imagen de estos días de la Ministra de Trabajo, quien en su cuenta oficial nos explica que la Europa que merecemos (la de la Recuperación y Resiliencia con miles millones de euros de los Fondos Europeos, la de la Troika) se construirá con trabajo decente y que se hará con respeto a la Tierra y que eso garantizará el futuro de todas:

Marx y Engels se pasaron toda su vida luchando contra este tipo de interpretaciones. No es exagerado, toda su vida. Desde su juventud hasta los últimos días intentaron hacer entender que era utópico -en el mejor de los casos- pensar que sólo con buenas intenciones o elevados ideales era posible atacar al capitalismo.

Su método, que empleaba el materialismo histórico, llegaba a la conclusión de que la única manera de vencer al capitalismo era atacar donde le hace daño, donde la lucha es efectiva: en el proceso de producción.

Sólo mediante el control de los medios de producción es posible transformar el modo en que una sociedad produce su riqueza, la distribuye o la consume. Hay que atacar de raíz. Los trabajadores somos la inmensa mayoría de la sociedad. Si todos nos paramos, el sistema colapsa (se ha comprobado en esta pandemia, en la que sin trabajadores funcionando no había producción, por mucho que los abnegados emprendedores acudieran a sus puestos en las oficinas).

Esta visión del mundo fue inaugurada por Marx y Engels y tras ellos muchos autores lo corroboraron. En ello se basa la ideología de los comunistas, en el materialismo histórico y en la lógica dialéctica. Miles de autores de derechas (e izquierda también) han tratado de refutarlo y no han podido. El CAPITAL sigue siendo vigente hoy día, por muy modernos y visibilizados y ecosostenibles que seamos.

 Pero entonces, ¿eso quiere decir que los políticos actuales nos engañan? Si te interesa mi opinión personal, yo diría que sí, nos mienten. Pero eso es porque soy un amargado antisocial. Vamos a dar por hecho que no, que sus intenciones son honestas y que su interés en mejorar la sociedad es sincero.

Partiendo de esta suposición, ¿qué diferencias hay entre una y otra manera de acometer o -como dicen ahora nuestros representantes- de abordar las desigualdades sociales? Veamos cuáles son los pros y contras de ambas perspectivas y con esto acabamos ya esta entrada (si has llegado aquí pídeme en observaciones algún obsequio). Es decir, poner en una especie de balanza ambas estrategias.

La perspectiva del reparto de la riqueza y del consumo responsable.

El capitalismo tiende a generar intervalos de crisis, como supo ver mi tocayo Carlos Marx, en los que la producción llega a un punto que excede la capacidad de los mercados y la economía se estanca, produciendo periodos de miseria en las masas. Esto lo vieron inteligentes economistas del sistema posteriores a Marx, entre ellos un señor llamado John Maynard Keynes. 

Keynes es el autor preferido de muchos políticos conservadores y también de muchos políticos de izquierdas, entre ellos los ilustres ministros de nuestro Gobierno. Aparte de otros avances en el conocimiento económico, Keynes básicamente observó que Marx era bastante peligroso porque ponía en evidencia (visibilizaba para los modernos) que el capitalismo en estado salvaje y sin control podía destruirse a sí mismo a base de reproducir crisis sin fin. Keynes recomendó entonces que -si los capitalistas querían ser inteligentes y conservar el poder- tenían que aflojar la soga de vez en cuando y recurrir a la intervención de los Estados, mediante la aceptación del gasto público. Esto es, haciendo que el Estado pueda endeudarse, crear infraestructuras que mejoren las posibilidades de incentivar la economía, o mediante planes de empleo e incentivos al consumo.

El famoso Plan Marshall, que se refleja en la famosa película de Berlanga con la venida de los americanos, es una medida de estimulación de la economía mediante la inyección de deuda y de incentivos al consumo. El famoso PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA de los FONDOS EUROPEOS, celebrados como históricos por el Gobierno de Progreso, no deja de ser otro Plan Marshall en el que la Unión Europea salva la papeleta de superar la crisis de la pandemia sin que descubran -visibilicen- demasiado las miserias del sistema.

Hay capitalistas neoliberales que son acérrimos defensores de la libertad absoluta del mercado, pero la realidad ha dado la razón a los keynesianos que entendieron bien que a veces hay que ceder para no poner en riesgo todo. Los políticos y autores de izquierdas ven en estos capitalistas keynesianos una especie de aliados potenciales en los que apoyarse para conseguir algunos logros.

En pocas palabras, esta perspectiva apuesta por un enfrentamiento al sistema que acomete reformas sociales y mejoras para las clases populares a partir de un enfrentamiento al capitalismo sobre el terreno democrático. Irónicamente es una propuesta que sobre la base de que no se puede (no es posible luchar contra los mercados y las multinacionales, es una tarea de titanes) nos asegura que sí se puede, es decir, nos promete logros probables, posibilistas, no una transformación total del sistema sino su reforma, su redistribución.

Esta tendencia tiene una ventaja sustancial y es que no es violenta, no acude a métodos radicales ni al enfrentamiento directo. Aunque en el escenario parlamentario los actores políticos parezca que se van a sacar los ojos unos a otros, todo es un teatro. Los izquierdistas que defienden una salida democrática y dialogada son perfectamente admitidos entre nosotros y su propuesta es vista por la derecha como amigable, permisible, equivocada pero no peligrosa. Las batucadas y los nuevos hippies no son vistos como una amenaza para los conservadores, sino como excéntricos idealistas que creen demasiado en postulados buenistas y utópicos.

De este modo, si prospera una alternativa reformista, puede llegar a lograr cambios y mejoras para los ciudadanos de una manera pacífica. Por contra, en cuanto la derecha reaccione y vuelva a hacerse con el mando, deshará como una ola todo el castillo de arena que sus adversarios políticos hayan levantado.

La perspectiva de la transformación del modo de producción de la sociedad.

Siguiendo la perspectiva del materialismo dialéctico, esto es, del marxismo o el comunismo, la única transformación posible y con capacidad de establecerse y perdurar es aquella que cambie el modo de producción de manera que los medios queden en posesión de la clase trabajadora.

De modo opuesto a la perspectiva reformista, obviamente la clase dominante no va a permitir que se le arrebate la propiedad de sus medios por las buenas. Si realizar una simple reforma laboral cuesta sudor y lágrimas, imaginemos cuánto debe costar arrebatar los medios por los que los poderosos se enriquecen. Es inevitable el uso de la violencia, bien en forma de enfrentamiento directo, bien a través de costosas luchas, huelgas, manifestaciones, disputas, etc.

Por poner un ejemplo actual, en las recientes elecciones peruanas, tras conocerse la victoria del candidato de izquierdas se produjo una violenta caída de las bolsas, y los personajes más conservadores del país intentaron impugnar las elecciones bajo la excusa de fraudes. Y eso que aún está por saber si el nuevo presidente será o no un verdadero político de izquierdas.

Nuestros hermanos de Cuba, por ejemplo, llevan 50 años viviendo la insufrible pesadilla del bloqueo económico del gigante yanqui porque Fidel ayudó a su pueblo a gritar ¡se acabó la diversión!

La vía socialista es la más odiada y la más temida por el capitalismo. Un pueblo decidido y consciente es su peor pesadilla. Por ello su respuesta es más enérgica y no dudan en asesinar o provocar guerras si es necesario.

¿Seríamos nosotros valientes, aunque estuviésemos convencidos de nuestros ideales, de perder la poca comodidad que tenemos por plantarle cara al capitalismo por la vía radical? Este es uno de los inconvenientes de la perspectiva comunista.

Por otra parte, estamos viendo que el capitalismo, incluso en su versión más amable, también se cobra vidas. Pregunta a los ancianos de las residencias privadas, pregunta a los que tuvieron que salir a trabajar en plena pandemia, pregunta a los sanitarios, pregunta a los que se juegan la vida cruzando el estrecho o los que prefieren suicidarse a ser desahuciados.

Esta es la verdadera factura progresista. El pago que hacemos por preferir una vida pacífica dentro del sistema. Pon tu lavadora de noche y nosotros intentaremos rebajar tu factura. Cualquier intento de darle la vuelta al sistema puede acabar contigo lavando en el río o en la lavandería del penal. 

¿No somos todos los trabajadores en el fondo como la compañía de Ulises, encerrados en la cueva de Polifemo, rezando por no ser el siguiente en ser devorado? ¿Es preferible vivir en una soportable esclavitud mientras nos mantengan con vida? ¿O es mejor arriesgar a perderla pero con la dignidad de haber luchado? Es elección tuya. 

Anulan multa por la muerte de anciana en incendio con velas tras cortarle la luz

 

Ajenos a la batalla por la democracia de Madrid, los capitalistas prosiguen su lógica de constante beneficio sin detenerse a lamentar las muertes ni las carencias de lo que ahora es conocido como "precariedad energética".

La sanción impuesta a la empresa Naturgy -entonces Gas Natural- por la muerte en un incendio a finales del 2016 de una anciana de Reus, a la que se le cortó el suministro de electricidad por un impago de 200 euros y que se vio obligada a alumbrarse con velas, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal ha declarado la anulación de la sentencia tras admitir el recurso de la compañía, aunque resta el recurso de casación que consecuentemente ha cursado la Generalitat.

La multa ascendía a 500.000 euros pues fue considerada como una infracción de carácter muy grave. No en vano el caso sumaba una serie de considerables agravantes: se trataba de una mujer mayor a la que le fue cortada la luz sin haber sido solicitado un informe de los servicios sociales para comprobar si la persona se encontraba en situación de riesgo residencial, tal y como establece la ley 24/2015 sobre "pobreza energética". 

El Ayuntamiento de Reus era conocedor de la situación de vulnerabilidad de la señora desde unos años antes de que se produjera el estado de impago. El corte de luz se prolongó durante dos meses en los cuales la empresa no alertó a los servicios sociales. Se da la circunstancia además de que la mujer percibía una ayuda por el mismo motivo para el suministro del agua. 

Durante los meses en que la anciana, de 81 años, permaneció sin luz, empleaba velas para iluminarse. En la madrugada del 14 de noviembre de 2016 una de esas velas prendió el colchón donde dormía y se produjo un incendio del que no pudo salir con vida. Con ella residía una nieta que no se encontraba en casa en el momento del suceso. El piso incendiado se encontraba en el bloque de una calle céntrica del municipio de Reus, cerca de la zona comercial y rodeado de tiendas y cafeterías.

Pese a que la sentencia no es firme y ha sido recurrida al Tribunal Supremo, sorprende que el tribunal equivalente en Cataluña haya aceptado el recurso y se haya alineado de este modo con la compañía. Ni la supuesta concienciación social adquirida frente a lo que hoy se denomina "pobreza energética" ni la puesta en marcha de normativas legales al respecto parecen haber afectado al tribunal catalán, cuya anulación mueve a pensar que existen conexiones más que probables entre las garantías protegidas por los poderes judiciales y los oligopolios energéticos. 

La excusa que argumenta el tribunal regional es que el principio de precaución no está suficientemente desarrollado en el reglamento en cuanto a su aplicación, como esgrimían los abogados de Naturgy, aunque sí avala la constitucionalidad de esa norma. Asociaciones como la Alianza contra la pobreza energética (1) consideran que la ley es clara y que las excusas del desarrollo reglamentario son empleadas por estas compañías para no aplicarla.

La situación de Naturgy es muy significativa en la tesitura actual de la economía española. 

Naturgy proviene de la anterior Gas Natural Fenosa y es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico, con sede operativa en Barcelona aunque su sede social está en Madrid. Es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, junto a Endesa e Iberdrola. 

Estas tres grandes empresas poseen la práctica totalidad del mercado eléctrico español. Naturgy derivó de Gas Natural a partir del cambio de denominación en el 2018 para abarcar las líneas de negocio de aprovisionamiento de gas natural y la generación y distribución de electricidad tanto en territorio nacional como internacional. Opera en los cinco continentes y sus acciones cotizan en las bolsas españolas. Como es obvio, forma parte importante del índice IBEX 35. 

Destacados personajes nacionales, tales como el propio Felipe González, la ex ministra Garmendia o Narcís Serra, sintieron la necesidad de colaborar como asesores con esta gran empresa una vez terminada su labor política. 

En plena pandemia y pese a los movimientos vecinales que protestan por la escandalosa subida de la factura eléctrica durante los meses de mayor frío, además de por los cortes de luz producidos por el deterioro de las infraestructuras en los barrios obreros, Naturgy está pendiente de aprobar la oferta de un fondo de inversión, el fondo IFM con origen australiano, que pretende hacerse con un 22% del capital social, lo que supondría un movimiento de 5.000 millones de euros.

Pese a que en un principio miembros del Gobierno como el propio Sánchez se mostraron reticentes a esta maniobra (dado que la operación necesitaría el visto bueno del Ejecutivo, pues una compra de capitales de un 10% de estas empresas estratégicas debía estar autorizada por la CNMV y por el Consejo de Ministros), son crecientes los indicios de que esta compra se hará efectiva y cuenta con el apoyo de la ministra económica Calviño, quien ha llegado a expresar que esta venta pone en evidencia la buena salud de las empresas nacionales, y cuenta también con la inhibición de la ministra del ramo, Reyes Maroto (3), que ha manifestado su intención de no valorar el expediente dado que su marido es trabajador de la propia empresa.

Los accionistas de este gigante energético español son el propio Estado en un 22%, el fondo de inversión Global Infrastructure Partners, Rioja Bidco y una de las filiales de la Caixa, que posee la cantidad mayoritaria de acciones, casi el 25%. Es la Caixa precisamente la parte más interesada en esta venta, pues se muestra públicamente partidaria y anuncia un suculento ingreso de capital de llegar a producirse la operación. Este aumento de capital permitiría a la Caixa consolidarse en el primer puesto de las entidades bancarias españolas, tras la fusión con Bankia, el banco que se fue a pique tras el escándalo de las acusaciones de falsedad contable y estafa mercantil que involucraron al ex ministro Rodrigo Rato. 

Sin embargo, Rato ha sido recientemente absuelto de estos cargos y ya no se cuestiona el enorme gasto del rescate de Bankia. De este intrincado modo, propio de una telenovela de enredos y que recuerda a la habilidad prestidigitadora de los tahúres, la economía española sigue su curso, a través del salto de unas empresas a otras, del movimiento de capitales de unas compañías mediante la absorción de otras, entre cuya circulación se diluye el dinero público, que tanta falta hace para otras necesidades como las sanitarias, tal y como estamos experimentando en propia carne en esta pandemia, sin inmutarse por las muertes de ahora ni por las de hace años, pues para el capital las personas no son más que meras mercancías mientras son activas laboralmente, luego ya incómodos lastres que quedan a dos velas. 

Fuentes:

1 Comunicado de Alianza contra la pobreza energética

2 Noticia en el diario El Mundo

3 Entrada sobre Naturgy en el diario El Común

Texto íntegro del Registro de las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en 2020

 

El siguiente es el informe publicado sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. El informe, titulado "Registro de las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en 2020", fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, gabinete chino.

Se puede consultar en este enlace.

Registro de las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en 2020

La Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China

Marzo 2021

Prefacio

"¡No puedo respirar!"

- George Floyd

"Las escenas (la violencia en el edificio del Capitolio de Estados Unidos) que hemos visto son el resultado de mentiras y más mentiras, de división y desprecio por la democracia, de odio y agitación, incluso desde los niveles más altos".

- Presidente alemán Frank-Walter Steinmeier

En 2020, la pandemia de COVID-19 causó estragos en todo el mundo y representó una gran amenaza para la seguridad humana. El virus no respeta fronteras, ni la epidemia distingue entre razas. Derrotar la enfermedad requiere ayuda mutua, solidaridad y cooperación entre todos los países. Sin embargo, Estados Unidos, que siempre se ha considerado a sí mismo como excepcional y superior, vio cómo se salía de control su propia situación epidémica, junto con desórdenes políticos, conflictos interétnicos y división social. Estos hechos se sumaron a las violaciones de derechos humanos en el país, al que se ha calificado como "ciudad sobre una colina" y "faro de la democracia".

- La epidemia se salió de control y se convirtió en una tragedia humana tras la imprudente respuesta del gobierno. A finales de febrero de 2021, Estados Unidos, hogar de menos del cinco por ciento de la población global, representaba más de una cuarta parte de los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y casi una quinta parte del total internacional de muertes por la enfermedad. Más de 500.000 estadounidenses habían perdido la vida debido al coronavirus.

- El desorden en las instituciones democráticas estadounidenses condujo al caos político, destrozando aún más el tejido de la sociedad. La política contaminada por el dinero distorsionó y reprimió la opinión pública, convirtiendo las elecciones en un "espectáculo unipersonal" de la clase rica. La confianza de la ciudadanía en el sistema democrático estadounidense cayó al nivel más bajo en 20 años. En medio de una creciente polarización, las políticas de odio se convirtieron en una plaga nacional y el Capitolio fue asaltado como resultado de disturbios postelectorales.

- Los grupos étnicos minoritarios sufren discriminación racial sistemática y se encuentran en una situación difícil. Las personas de color constituían aproximadamente un tercio de todos los menores de 18 años en Estados Unidos, pero representaban dos tercios de los menores encarcelados del país. Los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades que los blancos de infectarse con el coronavirus, el doble de probabilidades de morir de COVID-19, y el triple de probabilidades de ser asesinados por la policía. Uno de cada cuatro jóvenes asiático-americanos ha sido objeto de acoso racial.

- El comercio de armas y los incidentes con disparos alcanzaron un récord, al tiempo que disminuyó la confianza de la población en el orden social. Las ventas de armas en Estados Unidos en 2020 alcanzaron 23 millones en el contexto de una epidemia fuera de control, acompañada de protestas por la justicia racial y conflictos relacionados con las elecciones. La cifra representa un aumento del 64 por ciento en comparación con 2019. La cifra de ciudadanos que compraron armas por primera vez superó los 8 millones. Más de 41.500 personas murieron en incidentes con disparos en los Estados Unidos durante el año, un promedio superior a las 110 por día, al tiempo que se registraron 592 tiroteos masivos en todo el país, un promedio diario de más de 1,6.

- George Floyd, afroamericano, murió después de que un oficial de policía blanco se arrodillara brutalmente sobre su cuello, desatando una protesta nacional. En 50 estados estallaron manifestaciones generalizadas por la justicia racial. El gobierno de Estados Unidos reprimió a los manifestantes por la fuerza y más de 10.000 personas fueron arrestadas. Un gran número de periodistas fueron atacados y detenidos sin motivo.

- Se amplió la brecha entre ricos y pobres, mientras las personas en la base de la pirámide social continúan viviendo en la miseria. La epidemia provocó un desempleo masivo. Decenas de millones de personas perdieron la cobertura de seguro médico. Uno de cada seis estadounidenses y uno de cada cuatro niños estadounidenses tenían riesgo de padecer hambre. Los grupos vulnerables se convirtieron en las mayores víctimas de la imprudente respuesta del gobierno a la epidemia.

El gobierno de Estados Unidos, en lugar de hacer una introspección sobre su propio historial terrible de derechos humanos, continuó haciendo comentarios irresponsables sobre la situación de los derechos humanos en otros países, exponiendo su doble rasero e hipocresía respecto a esta materia. Situada en una nueva encrucijada, la humanidad se enfrenta a nuevos y graves desafíos. Se espera que la parte estadounidense muestre humildad y compasión por el sufrimiento de su propia población; abandone la hipocresía, la intimidación, el "gran garrote" y los dobles raseros, y trabaje con el resto de países para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

I. La incompetencia en la contención de la pandemia conduce a un resultado trágico

Estados Unidos afirmó contar con los más abundantes recursos médicos y la mayor capacidad de atención sanitaria. Sin embargo, su respuesta a la pandemia de COVID-19 fue caótica, conduciendo al país al liderazgo mundial en número de casos confirmados del nuevo coronavirus y muertes relacionadas.

La incompetente respuesta a la pandemia tuvo consecuencias nefastas. Un recuento de la Universidad Johns Hopkins mostró que, a fines de febrero de 2021, Estados Unidos había registrado más de 28 millones de casos confirmados de COVID-19, con muertes relacionadas que superaban las 500.000. Con una población de menos del cinco por ciento del total mundial, el país norteamericano representaba más del 25 por ciento de todos los casos confirmados y casi el 20 por ciento de las muertes. El 20 de diciembre de 2020, CNN informó que solo el estado de California había reportado 1.845.000 casos y 22.599 muertes, lo que se traduce en aproximadamente 4.669 casos conocidos y 57 muertes por cada 100.000 residentes. Incluso estos números no dan una imagen completa de la realidad, porque muchas personas contagiadas, incluyendo aquellas con infecciones leves o asintomáticas, no habían sido diagnosticadas. Si las autoridades estadounidenses hubieran tomado medidas científicas para contener la pandemia, esto podría haberse evitado. Dado que no lo hicieron, la pandemia resultó "una masacre" para Estados Unidos, como afirmó el epidemiólogo y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU, William Foege.

Los líderes nacionales ignoraron las advertencias de los expertos y minimizaron la gravedad de la pandemia. Según la línea temporal del desarrollo de la enfermedad en Estados Unidos, publicada por medios de comunicación como The New York Times y The Washington Post, la administración de Donald Trump ignoró repetidamente las alarmas sobre los riesgos de la pandemia. A principios de enero de 2020, una oficina del Consejo de Seguridad Nacional ya había recibido informes de inteligencia que pronosticaban la propagación del virus a Estados Unidos. En un memorando fechado el 29 de enero, el entonces asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, proyectó que una pandemia de coronavirus podría provocar hasta medio millón de muertes y billones de dólares en pérdidas económicas. Varios funcionarios de salud --incluyendo al entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y expertos médicos-- también advirtieron en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de una pandemia en Estados Unidos. Ninguna de las advertencias antes mencionadas llamó la atención del ejecutivo sobre la inminente pandemia. En cambio, la administración se centró en controlar el mensaje y emitió señales engañosas al público al afirmar que "el riesgo del virus para la mayoría de los estadounidenses era muy bajo", sugiriendo que la gripe era peor que el coronavirus y afirmando que la COVID-19 iba a "desaparecer milagrosamente "cuando el clima se volviese más cálido. Por lo tanto, el país norteamericano perdió semanas cruciales para la prevención y el control de la epidemia. Un artículo publicado en el sitio web de The New York Times el 13 de abril de 2020 afirma que, por entonces, la "preferencia del líder estadounidense por seguir su instinto, en lugar de los datos, costó tiempo y quizás vidas".

La inacción del gobierno condujo a una propagación descontrolada de la pandemia. "No había necesidad de que murieran tantos. Elegimos, como país, quitar el pie del acelerador. Elegimos hacerlo y esa es la tragedia", comentó David Hayes-Bautista, profesor de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, después de que la cifra de muertos por la pandemia en Estados Unidos alcanzara los 300.000. Los modeladores de enfermedades de la Universidad de Columbia estimaron que si Estados Unidos hubiera comenzado a aislar las ciudades y limitar el contacto social el 1 de marzo de 2020, dos semanas antes de que la mayoría de las personas comenzaran a quedarse en casa, se habrían evitado alrededor del 83 por ciento de las muertes relacionadas con la pandemia en el país. Un editorial del sitio web de la revista médica The Lancet, publicado el 17 de mayo de 2020, refirió que la administración estadounidense estaba obsesionada con las balas mágicas: vacunas, nuevos medicamentos o la esperanza de que el virus simplemente desapareciera. Al mismo tiempo, señaló que solo una firme confianza en los principios básicos de salud pública, como realizar exámenes, rastrear y aislar, haría que la emergencia llegara a su fin. Incluso cuando la pandemia se estaba extendiendo por una vasta área de Estados Unidos, la administración se apresuró a reiniciar la economía debido a preocupaciones políticas. Según un artículo publicado en el sitio web de noticias Vox el 11 de agosto de 2020, en abril y mayo del año pasado varios estados se apresuraron a reabrir y provocaron que el virus se trasladara al sur, al oeste y, finalmente, al resto de Estados Unidos. Además, a pesar de que los expertos habían recomendado que las personas usaran mascarillas en público, el entonces líder estadounidense y varios funcionarios a nivel de estados se mostraron extremadamente reacios a emitir un decreto para hacer obligatorio el uso de las mismas.

Las caóticas medidas de prevención y control de la pandemia causaron confusión entre el público. Un artículo publicado por CNN el 9 de mayo de 2020 calificó la respuesta de Estados Unidos a la pandemia como "consistentemente inconsistente" y señaló que no se contaba con directrices nacionales ni esfuerzos organizados para reabrir el país más allá de las medidas que habían tomado los estados. El artículo también indicó que, en términos de control y prevención de pandemias, los funcionarios de salud pública decían una cosa, los gobernadores otra y el líder nacional algo completamente diferente. Además, después de que los expertos reclamaran un liderazgo federal, el entonces líder estadounidense dejó a su propia suerte a las ciudades y los estados para que resolvieran los problemas nacionales relacionados con los exámenes y los suministros hospitalarios. Cuando el gobierno federal lanzó un plan escalonado para la reapertura, el líder pidió a los estados que reabrieran más rápido. Después de que los CDC recomendaran que las personas usaran mascarillas en público, durante meses el mandatario se negó a hacerlo. Como si los hechos antes mencionados no fueran lo suficientemente ridículos, incluso en un momento defendió la inyección de lejía como tratamiento.

Los líderes nacionales eludieron sus responsabilidades por arrogancia. A pesar emitir una idea ridícula tras otra, el entonces líder estadounidense se negó a admitir cualquier falta. En cambio, inventó todo tipo de excusas para pasar por alto sus errores y esquivar las responsabilidades. Por un lado, insistió en que Estados Unidos lideraba a nivel internacional los casos de COVID-19 porque hacía más exámenes que cualquier otra nación. Cuando se le preguntó sobre los problemas de las pruebas y el aumento de las muertes, afirmó que "no se responsabiliza en absoluto". A pesar de todo lo anterior, cuando se le preguntó si el brote de coronavirus en Estados Unidos era el peor en el mundo, el asesor de la Casa Blanca y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, admitió que los números no mintieron y que Estados Unidos tuvo el peor brote del coronavirus del mundo.

Las personas mayores fueron víctimas de la incompetente respuesta a COVID-19 del gobierno. Los adultos mayores constituyen el grupo más susceptible a la pandemia. Sin embargo, han sido aún más marginados como parte del caos en el control y prevención de la pandemia en Estados Unidos. Sus vidas han perdido valor y su dignidad ha sido pisoteada. En sendas declaraciones el 23 de marzo y el 20 de abril de 2020, Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, dijo a Fox News que preferiría morir antes de ver que las medidas de salud pública dañaran la economía de Estados Unidos y que había cosas más importantes que vivir. Además, un informe publicado el 18 de agosto en el sitio web de The San Diego Union-Tribune encontró que los residentes en instituciones de atención prolongada representaban menos del 1 por ciento de la población de Estados Unidos, pero más del 40 por ciento de las muertes por COVID-19. Debido a tales hechos, un artículo del 9 de mayo de 2020 de The Washington Post calificó los esfuerzos de control de la pandemia de Estados Unidos como "asesinatos autorizados por el Estado", donde "los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos" son deliberadamente sacrificados.

Los pobres enfrentaron una mayor amenaza de infección. Los investigadores encontraron que el índice Gini, un barómetro económico que clasifica la desigualdad de ingresos de 0 (igualdad total) a 1 (desigualdad total) resultó un fuerte predictor de muertes por la COVID-19. El estado de Nueva York, que tenía uno de los índices de Gini más altos, también tuvo el mayor número de muertes en la nación por amplio margen. El sitio web The Guardian informó el 21 de marzo de 2020 que, a raíz de la epidemia, los ricos y poderosos se habían sometido primero a las pruebas de coronavirus, mientras que los trabajadores mal pagados, la mayoría de los cuales no tienen cobertura de licencia por enfermedad y no pueden hacer sus labores desde casa, se exponían a un mayor riesgo de contraer el virus para poder ganarse la vida. Los funcionarios de salud pública apuntaron que, en el condado de Los Ángeles, los residentes de comunidades de bajos ingresos tenían tres veces más probabilidades de morir de COVID-19 que los de vecindarios más ricos, según un informe publicado en el sitio web de Los Angeles Times el 8 de mayo de 2020. Una encuesta de Gallup reveló que uno de cada siete adultos estadounidenses probablemente abandonarían el tratamiento médico si ellos o sus familiares desarrollaban síntomas relacionados con la COVID-19, ante la preocupación de no poder pagar los costos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, también señaló que los pobres de Estados Unidos eran los más afectados por la pandemia de COVID-19. Las personas de bajos ingresos y pobres enfrentan riesgos mucho más altos por el coronavirus debido a la negligencia crónica y la discriminación. Una respuesta federal confusa e impulsada por las empresas les ha fallado, observó.

Los discapacitados y las personas sin hogar se encontraban en una situación desesperada. Un estudio publicado en noviembre de 2020 por la organización sin fines de lucro FAIR Health encontró que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo tenían tres veces más probabilidades de morir de COVID-19, en comparación con la población general. El sitio web de Los Angeles Times informó el 14 de mayo de 2020 que, ante la conmoción inducida por el coronavirus en la economía que paraliza a las empresas de todos los tamaños y deja a millones de estadounidenses sin trabajo, la falta de vivienda en los Estados Unidos podría crecer hasta un 45 por ciento en un año. Muchos de los estadounidenses sin hogar son personas mayores y discapacitadas. Dada su deteriorada salud física original y sus malas condiciones de vida e higiénicas, resultan más susceptibles al virus. Durante la pandemia, las personas sin hogar fueron desalojadas y empujadas a refugios improvisados. El sitio web de Reuters informó el 23 de abril de 2020 que los albergues abarrotados en todo Estados Unidos impedían que las personas sin hogar que vivían allí mantuvieran la distancia social, facilitando la propagación del virus. El sitio web del New York Times informó el 13 de abril de 2020 que, en la ciudad de Nueva York, una crisis se había apoderado de los refugios para personas sin hogar. Más de 17.000 hombres y mujeres dormían en refugios grupales o "congregados" para adultos solteros, con camas lo suficientemente cercanas como para tomarse de las manos. El sitio web de Boston Globe informó el 4 de mayo de 2020 que aproximadamente un tercio de las personas sin hogar que se sometieron a las pruebas dieron positivo al nuevo coronavirus.

Brotes en las cárceles amenazaron la vida de los reclusos. ABC News informó el 19 de diciembre de 2020 que al menos 275.000 prisioneros habían resultado infectados, más de 1.700 habían muerto y casi todos los sistemas penitenciarios del país habían registrado tasas de infección significativamente más altas que las comunidades vecinas. Uno de cada cinco presos en instalaciones administradas por la Oficina Federal de Prisiones ha padecido coronavirus, según datos recopilados por The Associated Press y The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal. También encontraron que 24 sistemas penitenciarios estatales habían tenido tasas aún más altas. La mitad de los prisioneros en Kansas se habían infectado de COVID-19, ocho veces más que el promedio de casos entre la población general del estado. En Arkansas, cuatro de cada siete habían tenido el virus.

La sombra de una pandemia fuera de control se cernía sobre las mentes de los estadounidenses. La reacción de la administración de Trump a la pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a los estadounidenses más que el virus en sí, dejando a la población estresada y aislada. Según un estudio publicado por los CDC el 14 de agosto de 2020, debido a las órdenes de quedarse en casa, el 40,9 por ciento de los adultos informó al menos una condición de salud mental o conductual adversa, mientras el 30,9 por ciento reportó ansiedad o depresión. Esas cifras constituían solo la punta del iceberg. El mismo estudio de los CDC mostró que el 13 por ciento de las personas encuestadas por los CDC durante igual lapso refirieron que comenzaron o aumentaron el uso de sustancias y el 11 por ciento consideró seriamente el suicidio. Un estudio diferente, publicado en junio, mostró que las llamadas a las líneas directas de suicidio aumentaron un 47 por ciento en todo el país durante la pandemia de COVID-19, mientras algunas líneas de crisis experimentaron un aumento del 300 por ciento.

II. El desorden de la democracia estadounidense desencadena el caos político

Al promocionarse a sí mismo como el faro de la democracia, Estados Unidos ha criticado y oprimido sin sentido a muchos otros países bajo el pretexto de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad estadounidense ha estado plagada de una política del dinero de profundo arraigo, una manipulación de la opinión pública sin control y mentiras desenfrenadas. La democracia estadounidense ha agravado aún más la división social en lugar de reducir las diferencias políticas cada vez más polarizadas. Como resultado, el pueblo estadounidense disfruta de sus derechos civiles y políticos únicamente de forma nominal.

Las políticas electorales dominadas por el dinero se convirtieron esencialmente en unas "elecciones del dinero". El dólar es la fuerza impulsora de la política estadounidense. La política del dinero de Estados Unidos ha distorsionado la opinión pública, convirtiendo las elecciones en un "espectáculo unipersonal" para los ricos. La cantidad gastada en las campañas presidenciales y congresionales de Estados Unidos en 2020 alcanzó casi los 14.000 millones de dólares, más del doble de lo que se gastó en las elecciones de 2016. La campaña presidencial registró un récord de 6.600 millones de dólares en gasto total, mientras que las carreras por el Congreso terminaron con más de 7.000 millones de dólares. Según un informe publicado el 1 de noviembre de 2020 en el sitio web de CNBC, los 10 principales donantes en el ciclo de elecciones estadounidenses de 2020 contribuyeron con más de 640 millones de dólares. Además de las donaciones electorales registradas públicamente, una gran cantidad de fondos secretos y dinero oscuro inundaron los comicios estadounidenses de 2020. Según un análisis del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, los grupos de dinero oscuro invirtieron más de 750 millones de dólares en las elecciones de 2020 a través del gasto publicitario y contribuciones récord a comités políticos como los súper comités de acción política.

La confianza pública en las elecciones estadounidenses está en crisis. Según cifras de Gallup, publicadas el 8 de octubre de 2020, solo el 19 por ciento de los estadounidenses afirmaron estar "muy seguros" sobre la precisión de las elecciones presidenciales, el nivel más bajo que ha registrado la firma en dicho sondeo, que se remonta a 2004. Según un artículo publicado por el Wall Street Journal el 9 de noviembre de 2020, las elecciones estadounidenses del año pasado pueden verse como la culminación de un período de dos décadas de declive de la fe en los pilares básicos de la democracia.

Creció la polarización política. El desacuerdo entre demócratas y republicanos ha cambiado gradualmente de diferencias políticas a batallas de identidad, con un tribalismo político cada vez más evidente. Las dos partes han llegado a un estancamiento en muchos asuntos públicos importantes, lo que ha conducido a una gobernanza estatal ineficiente e incompetente. Los juegos de poder entre políticos rivales mediante peleas sucias se han convertido en el sello distintivo de la política estadounidense, con una variedad de programas presentando ataques de mal gusto y calumnias vulgares. Los votantes que apoyan a los diferentes partidos han sido puestos en las antípodas bajo la instigación de políticos extremistas. Dominado por el creciente fanatismo político, cada vez resulta más difícil el diálogo entre los dos bandos. La política de odio se extendió por todo el país y se convirtió en la causa fundamental de la constante inquietud y división social. Según un informe del 13 de noviembre de 2020 del Pew Research Center, Estados Unidos resulta excepcional en la naturaleza de su división política. Ha habido un desacuerdo cada vez más marcado entre demócratas y republicanos sobre la economía, la justicia racial, el cambio climático, la aplicación de la ley, el compromiso internacional y una larga lista de otros asuntos. Las elecciones presidenciales de 2020 pusieron aún más en evidencia estas divisiones profundamente arraigadas. Un mes antes de los comicios, aproximadamente ocho de cada diez votantes registrados en ambos bandos dijeron que sus diferencias con la otra parte eran más que políticas y estratégicas, sino también sobre los valores estadounidenses fundamentales. Asimismo, aproximadamente nueve de cada diez personas en ambos lados estaban preocupados respeto a que una victoria del otro bando condujera a un "daño duradero" para Estados Unidos.

Los controles y equilibrios de poder han mutado a políticas de veto. Las divisiones bipartidistas intensificaron las prácticas de veto inherentes al sistema estadounidense. La separación, el control y el equilibrio de poder se han convertido en vetos mutuos. Los dos partidos libraron feroces batallas, paralizando el Congreso y bloqueando la toma de decisiones. Aunque el brote de COVID-19 estaba fuera de control, ambas partes no solo se pelearon entre sí por múltiples temas, sino que también tomaron el proyecto de ley destinado a la segunda ronda de medidas de alivio para el nuevo coronavirus como herramienta de campaña para las elecciones. Los dos partidos obstruyeron y evitaron que la otra parte consiguiera votos, dejando en apuros para ganarse la vida a millones de personas en la base. La política de veto ha provocado agudos enfrentamientos entre el Congreso, el sistema administrativo, así como las autoridades federales y estatales. Durante la pandemia de COVID-19, se han producido frecuentes contradicciones y conflictos entre el presidente republicano y la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, así como entre el gobierno federal y los "estados azules" demócratas. El gobierno federal compitió con los estados en la lucha por los suministros antiepidémicos y, a menudo, estuvo en desacuerdo con los "estados azules" en las políticas de respuesta a la epidemia, dejando a las personas en situación de confusión. En una ocasión, Massachusetts acordó comprar 3 millones de mascarillas N95 para necesidades urgentes, pero las autoridades federales las incautaron en el puerto de Nueva York.

Los disturbios postelectorales pusieron de relieve la crisis de la democracia estadounidense. La elección no resolvió las diferencias políticas en Estados Unidos, sino que echó leña al fuego de la confrontación social. Un informe del 4 de noviembre de 2020, publicado en el sitio web de The Guardian, apuntaba que quienquiera que ganara las elecciones de 2020, Estados Unidos seguiría siendo un país dividido amargamente, dejando como legado una política de ira y odio. Emitiendo acusaciones de que las elecciones habían sido fruto de un fraude, el derrotado bando republicano se negó a aceptar los resultados de los comicios presidenciales y presentó demandas en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, donde pidió un recuento de votos para anular el proceso, presionando e intimidando a los funcionarios electorales locales. Donald Trump insistió repetidamente en que nunca aceptaría la derrota electoral y pidió a sus partidarios que protestaran en Washington D.C. contra la certificación de los resultados de las elecciones por parte del Congreso. La disputa electoral finalmente se transformó en disturbios.

El 6 de enero de 2021, decenas de miles de manifestantes que se negaban a aceptar la derrota electoral organizaron en Washington D.C. la manifestación "Salvemos Estados Unidos". Un gran número de manifestantes violaron la seguridad e irrumpieron en el edificio del Capitolio, donde se pelearon con los oficiales de policía. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos fueron evacuados apresuradamente con máscaras antigás, mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos y disparaba para dispersar a los manifestantes. Los manifestantes actuaron imprudentemente después de ocupar el lugar. Los disturbios resultaron en múltiples heridos y una interrupción de la certificación parlamentaria de la victoria electoral. Washington D.C. impuso un toque de queda y entró en estado de emergencia. El 7 de enero de 2021, el jefe de policía del Capitolio estadounidense, Steven Sund, aseguró que miles de personas involucradas en acciones violentas y desenfrenadas atacaron a los oficiales con tubos de metal, químicos irritantes y otras armas, hiriendo a más de 50 policías. Las autoridades arrestaron a más de 100 personas en total. El 7 de enero de 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que el ataque al Capitolio de los Estados Unidos demostró claramente el impacto destructivo de la deliberada y sostenida distorsión de los hechos y la incitación a la violencia y el odio por parte de los líderes políticos.

El caos político en Washington conmocionó al mundo. Los medios estadounidenses calificaron el hecho como la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos en que la transferencia de mando se ha convertido en un combate real en el corredor de poder de Washington. Culparon de lo sucedido a la violencia, el caos y el vandalismo que habían sacudido la democracia estadounidense hasta la médula, dando un duro golpe a la imagen del país como faro democrático. El diario francés Le Figaro comentó que el incidente de violencia avivó el resentimiento y la desconfianza entre los diferentes campos de la sociedad estadounidense, sumergiendo a Estados Unidos en una situación desconocida. El medio Foreign Policy declaró que Estados Unidos se había convertido en lo que sus líderes solían condenar: ser incapaces de evitar la violencia y la destrucción sangrienta durante las transferencias de poder. El diplomático libanés Mohamad Safa comentó a través de las redes sociales: "Si Estados Unidos viera lo que Estados Unidos está haciendo en Estados Unidos, Estados Unidos invadiría a Estados Unidos para liberar a Estados Unidos de la tiranía de Estados Unidos".

III. La discriminación racial devasta las minorías étnicas

En Estados Unidos, el racismo existe de una forma integral, sistemática y continua. En una ocasión, el expresidente estadounidense Barack Obama dijo con desesperanza: "Para millones de estadounidenses, ser tratados de forma diferente a causa de su raza es trágicamente, dolorosamente, desquiciantemente 'normal'". En junio de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo dos declaraciones consecutivas a los medios de comunicación, en las que hizo énfasis en que las protestas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd no solo ponían de relieve el asunto de la brutalidad policial en contra de la gente de color sino que también resaltaban la inequidad y la discriminación racial en cuanto a salud, educación y empleo en Estados Unidos. Si el país quiere avanzar desde su trágica historia de racismo y violencia, estas reivindicaciones tienen que ser escuchadas y atendidas. El 17 de junio, la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró un debate urgente sobre el racismo. Esta fue la primera vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos que se llevó a cabo una reunión urgente sobre el asunto de los derechos humanos en Estados Unidos. El 9 de noviembre de 2020, Estados Unidos fue severamente criticado por la comunidad internacional por discriminación racial en el marco del tercer ciclo de Revisión Universal Periódica por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y otras instituciones señalaron que el racismo en Estados Unidos es espantoso. Los nacionalistas blancos, los neonazis y el Ku Klux Klan utilizan eslóganes, cantos y saludos abiertamente racistas para promover la supremacía blanca e incitar a la discriminaión racial y al odio. El creciente uso de un lenguaje divisivo y los intentos por marginalizar las minorías raciales, étnicas y religiosas en el discurso político, ha jugado las veces de llamado a la acción, facilitando la violencia, la intolerancia y el fanatismo. Tendayi Achiume, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, considera que para la gente negra de Estados Unidos, el sistema legal doméstico ha fallado absolutamente a la hora de reconocer y confrontar la injusticia y la discriminación racial que está tan profundamente arraigada en los organismos de aplicación de la ley.

Se violaron los derechos de los indios estadounidenses. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha perpetrado genocidios y masacres sistemáticos de sus pueblos indigenas, y también ha cometido incontables crímenes contra la humanidad. Los indígenas de Estados Unidos todavía viven una vida de ciudadanos de segunda clase y sus derechos han sido pisoteados una y otra vez. Muchas comunidades de bajos ingresos en Estados Unidos, entre ellas los indígenas, padecen elevadas tasas de cáncer y afecciones coronarias derivadas de entornos radioactivos. Muchos pueblos indígenas viven cerca de vertederos de desechos tóxicos y tienen una tasa anormalmente elevada de defectos congénitos. El 5 de agosto de 2020, el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y la eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, emitido con arreglo a la resolución 36/15 del Consejo de Derechos Humanos, deploró la situación de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Ellos están expuestos a contaminantes tóxicos emitidos o producidos por industrias extractivas, agrícolas o de manufactura, así como a la eliminación de los desechos resultantes, incluidos desechos nucleares. La polución de los suelos y aquella causada por polvo de plomo como resultado de la eliminación de desechos de la industria minera, representa un riesgo más significativo para la salud de los pueblos indígenas que para otros grupos en Estados Unidos. Un informe del Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias de acuerdo con la resolución 74/145 de la Asamblea General, encontró que Estados Unidos había abierto a la inversión las tierras del pueblo indígena Tribu Sioux Roca Enhiesta sin el consentimiento de las comunidades o en contravención de su acostumbrada tenencia colectiva de la tierra. El informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto de acuerdo con la resolución 43/14 del Consejo de Derechos Humanos, dijo que algunos de los efectos más devastadores de la pandemia de COVID-19 han sido sentidos por las minorías étnicas y los pueblos indígenas. En Estados Unidos, la tasa de hospitalización de los indígenas estadounidenses equivalía a cinco veces la de los ciudadanos blancos no hispanos. La tasa de mortalidad de los indígenas estadounidenses está superando por mucho la de los blancos estadounidenses.

El abuso en contra de los estadounidenses de origen asiático escaló. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los incidentes de los estadounidenses de origen asiático siendo humillados e incluso asaltados en público se han generalizado, y algunos políticos estadounidenses han confundido a la ciudadanía intencionalmente. "Ser asiáticos en Estados Unidos durante el furor de la pandemia causa una enorme soledad", de acuerdo con un informe publicado en la página web de The New York Times el 16 de abril de 2020. Una encuesta realizada entre jóvenes estadounidenses de origen asiático mostró que en el año pasado un cuarto de los asiáticos-estadounidenses fueron blanco de acoso racial; preocupados por las afirmaciones racistas del líder estadounidense de entonces, cerca de la mitad de los entrevistados manifestó su pesimismo sobre su situación, y una cuarta parte dijo sentir miedo sobre la situación de ellos y de sus familias, según un informe publicado en el sitio en internet de la National Broadcasting Corporation (NBC) el 17 de septiembre de 2020. El 23 de marzo y el 21 de abril de 2020, Tendayi Achiume, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, dijo que los políticos de los países relacionados tomaron la inciativa de emitir declaraciones sugestiva o abiertamente xenófobas, adoptando nombres alternativos con segundas intenciones en relación con el nuevo coronavirus. Esas afirmaciones, que asociaban una enfermedad específica con un país o una etnia específica fueron irresponsables y perturbadoras. Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos abiertamente incitaron, indujeron y toleraron la discriminación racial, lo que fue equivalente a humillar los conceptos modernos de los derechos humanos.

El gran número de los crímenes de odio puso de relieve el deterioro de las relaciones de raza. Un informe emitido por el FBI en 2020 mostró que el 57,6 por ciento de los 8.302 crímenes de odio con un solo prejuicio reportados por las agencias de aplicación de la ley en 2019 fueron motivados por raza/etnia/ancestros. De estos delitos, el 48,4 por ciento fue motivado por prejuicios antinegro o anti-afroestadounidense; el 15,8 por ciento obedeció a un prejuicio antiblanco; el 14,1 por ciento fue definido por un prejuicio antihispano o antilatino, y el 4,3 por ciento se debió a un prejuicio antiasiático. Entre las 4.930 víctimas de delitos de odio por motivación racial, por lo menos 2.391 eran descendientes de africanos. Algunos estadounidenses acusaron a los estadounidenses de origen asiático de ser los causantes del brote epidémico, y ha habido un número creciente de crímenes de odio e incidentes de acoso y discriminación contra asiáticos-estadounidenses, de acuerdo con un informe publicado en la página en internet de USA Today el 20 de mayo. Estadísticas de la organización de derechos civiles Stop AAPI Hate muestran que hubo más de 2.300 crímenes de odio en contra de estadounidenses de origen asiático en Estados Unidos durante los primeros siete meses de 2020.

La violencia policial descontrolada llevó frecuentemente a la muerte de afroaestadounidenses. El 13 de marzo de 2020, Breonna Taylor, una estadounidense de origen africano de 26 años, fue asesinada a tiros por la policía en su propia casa. La mujer fue impactada por ocho proyectiles. El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, murió después de que un policía blanco presionara una rodilla sobre su cuello en una calle. El 23 de agosto de 2020, Jacob Blake, también afroestadounidense y de 29 años, resultó gravemente herido cuando agentes de policía le dispararon siete veces en la espalda mientras este abordaba un vehículo. En ese momento, los tres hijos de Blake estaban en el automóvil y fueron testigos del aberrante hecho. La policía de Estados Unidos dio muerte a tiros a 1.127 personas en 2020, y solo en 18 días no se registraron incidentes de ese tipo, de acuerdo con la base de datos especializada Mapping Police Violence. Los afroestadounidenses representan el 13 por ciento de la población de Estados Unidos, pero fueron el 28 por ciento de las personas asesinadas por la policía. Los estadounidenses de origen africano eran aproximadamente tres veces más propensos que los blancos a ser asesinados por la policía. De 2013 a 2020, cerca del 98 por ciento de los policías involucrados en tiroteos no fueron acusados de delito alguno, y el número de casos en los que se aplicó una condena fue aún menor.

La gente de color resultó más afectada por la pandemia. La tasa de contagio y muerte de la neumonía COVID-19 en Estados Unidos mostró evidentes diferencias raciales. La tasa de infección, hospitalización y muerte de los afroestadounidenses superó en tres, cinco y dos veces, respectivamente, la los blancos, según un informe entregado por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 21 de agosto de 2020. "Nada pone de relieve de manera más clara las disparidades de color en Estados Unidos que la vida y la muerte en el gran confinamiento", dice un informe publicado en el sitio web del Financial Times el 15 de mayo de 2020. Las disparidades raciales en el marco de la epidemia en Estados Unidos se extienden a los niños, de acuerdo con informes emitidos por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos el 7 de agosto de 2020. Los niños de origen latino fueron hospitalizados a causa de la COVID-19 a una rata nueve veces superior a la de los niños blancos y los niños negros fueron ingresados a una rata seis veces superior. Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Angeles, dijo que "el desproporcionado efecto del coronavirus sobre las personas negras y latinas tiene su raíz en el impacto del racismo y la disciminación en el acceso a los recursos y oportunidades que se necesitan para tener una buena salud", según un reportaje de Los Angeles Times publicado el 10 de julio de 2020. La COVID-19 mata a más personas de color que a estadounidenses blancos, lo que podría atribuirse a los desiguales sistemas educativo y económico de Estados Unidos, que de manera desproporcionada dejan a la gente de color sin posibilidades de acceder a trabajos con salarios altos, a la discriminación en materia de vivienda, que acorrala a la gente de color en vecindarios atestados, y a políticas ambientales determinadas por funcionarios y agentes del poder blancos a expensas de los pobres, dice un artículo de USA Today. De los 10 condados de Estados Unidos con las más altas tasas de mortalidad por COVID-19, siete tienen poblaciones en las que la personas de color representan la mayoría, de acuerdo con datos compilados por USA Today. En 31 de los 50 condados con las tasas de mortalidad más altas, la población mayoritaria la componen personas de color.

La gente de color se enfrentó a una amenaza aún mayor de desempleo. El periódico The Guardian comentó en un artículo publicado el 28 de abril de 2020 que el fenómeno de "últimos contratados, primeros despedidos" era la realidad más frustrante para los afroestadounidenses. Un informe dado a conocer por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el 8 de mayo de 2020 reveló que la tasa de desempleo de los estadounidenses de origen africano y los latinos se dispararon un 16,7 y un 18,9 por ciento, respectivamente, an abril, ambas las más elevadas desde que se llevan registros. The Washington Post informó el 4 de junio de 2020 que después del gran confinamiento en primavera, menos de la mitad de todos los adultos negros contaban con un trabajo. Según estadísticas reveladas en septiembre por el Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo para los negros era casi el doble de la de los blancos. El 20 de julio de 2020, el diario The Christian Science Monitor informó que los líderes de los sindicatos estaban haciendo un llamado a una huelga nacional de trabajadores en más de dos docenas de ciudades de Estados Unidos para protestar por el racismo sistemático y la desigualdad económica, que durante la pandemia del nuevo coronavirus se agravaron.

La discriminación racial sistemática fue evidente en la aplicación de la ley y en la justicia. En su edición en línea del 17 de diciembre de 2020, el periódico The Courier Journal informó que aunque cerca del 20 por ciento de la población de Louisville con edad legal para conducir era gente de color, representaban cerca del 57 por ciento de los cacheos, a pesar de que era mucho más probable que la policía encontrara contrabando en las inspecciones de blancos que de negros. En los últimos tres años, las personas de color representaron el 43,5 por ciento de los arrestos por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville. Los afroestadounidenses representan cerca del 13 por ciento de la población de Estados Unidos, pero al mismo tiempo son casi una tercera parte de toda la población carcelaria del país, lo que equivale a más de 1.000 presos afroamericanos por cada 100.000 personas de población afroamericana. Los jóvenes de color constituyen aproximadamente un tercio de la población menor de 18 años de Estados Unidos, pero representan dos tercios de los jóvenes encarcelados, según un informe publicado por la Conferencia Nacional de Órganos Legislativos Estatales el 15 de julio de 2020. La estación Iowa Public Radio News informó el 18 de diciembre de 2020 que en las prisiones de ese estado, los afroestadounidenses nacidos allí eran ingresados a una tasa equivalente a 11 veces la de los blancos. Además, la gente de color podía ser sentenciada a penas más largas que la gente blanca por los mismos delitos. El 15 de septiembre de 2020, Los Angeles Times informó que en los llamados "corredores de la muerte" de las cárceles de todo Estados Unidos había una mayor presencia de personas de color, y que los asesinos de negros tienen menos probabilidades de ser condenados a muerte que quienes asesinan a personas blancas. La organización noticiosa Davis Vanguard informó el 4 de diciembre de 2020 que la gente de color representa un desproporcionado 43 por ciento de las ejecuciones realizadas en Estados Unidos desde 1976, y que el 55 por ciento de los acusados en espera de ejecución son gente de color. "Vivimos en un país en el que el sistema de justicia está definido por el tamaño de tu billetera y el color de tu piel", lamenta un artículo publicado por el diario Miami Herald el 18 de diciembre de 2020.

La discriminación racial en el lugar de trabajo está profundamente arraigada. De acuerdo con un reportaje emitido por CBS News el 7 de octubre de 2020, todos los más de 20 de agentes negros entrevistados, tanto activos como retirados, describieron algún tipo de discriminación racial en el FBI. Actualmente, los 10 cargos de liderazgo más altos en el FBI están ocupados por hombres blancos. Asimismo, solo el 4 por ciento de los 13.000 agentes del FBI en todo el mundo son negros, y las mujeres negras representan solo el 1 por ciento, cifras que prácticamente no han variado durante décadas. En el interior de esa entidad existen muestras de discriminación racial de vieja data, como la desproporcionada eliminación de aspirantes negros durante el proceso de entrenamiento. Eric Jackson, director del Comité de Diversidad y Asuntos de los Negros del FBI, definió la situación como "racismo institucionalizado". Un informe de Los Angeles Times publicado el 2 de julio de 2020 acusó a Facebook Inc. de discriminación sistemática en la contratación, compensación y promoción de su personal negro. Según las propias estadísticas de la compañía, en 2019 solo el 1,5 por ciento de los empleados dedicados a labores técnicas en Estados Unidos eran negros, y en las posiciones de liderazgo la representación era de apenas el 3,1 por ciento. Dichos porcentajes apenas se han movido, incluso cuando el número de los empleados de la compañía creció un 400 por ciento en los últimos cinco años.

La discriminación social contra las minorías étnicas es generalizada. Una encuesta realizada por The Wall Street Journal y NBC News, y publicada el 9 de julio de 2020, encontró que muchos votantes estadounidenses, más exactamente el 56 por ciento, creen que la sociedad estadounidense es racista y discrimina a los negros y a los hispanos. El 14 de julio de 2020, Los Angeles Times informó que después del incidente que terminó con la muerte de George Floyd, más estadounidenses blancos reconocieron que hay una grave discriminación racial en su país. Un sondeo realizado en julio de 2020 mostró que en comparación con febrero los encuestados blancos son 18 puntos porcentuales más propensos a creer que los afroestadounidenses sufren frecuentemente de discriminación (del 22 por ciento al 40 por ciento), 10 puntos más inclinados a creer que los latinos sufren frecuentemente de discriminación (del 22 por ciento al 32 por ciento), y 13 puntos más dados a creer que los asiáticos sufren frecuentemente de discriminación (del 7 por ciento al 20 por ciento).

La desigualdad entre razas ha empeorado. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre Dame, la tasa de pobreza de Estados Unidos subió 2,4 puntos porcentuales de junio a noviembre de 2020, mientras la tasa de pobreza entre los estadounidenses de origen africano aumentó 3,1 puntos porcentuales. Según estadísticas, el hogar blanco promedio posee 41 veces más riqueza (calculada con base en la suma de los activos menos el total de deudas) que la familia negra promedio y 22 veces más que la familia latina promedio. La agencia de noticias Associated Press informó el 13 de octubre de 2020 que en 2019 solo el 33,5 por ciento de los hogares negros poseía acciones, según datos revelados por la Reserva Federal. Mientras tanto, entre los hogares blancos, la proporción se acercaba al 61 por ciento. El 23 de octubre de 2020, USA Today informó que en el primer trimestre de 2020 la tasa nacional de propiedad de vivienda para los hogares blancos era del 73,7 por ciento, en tanto que solo el 44 por ciento de los hogares negros poseía una vivienda. El periódico The Washington Post publicó el 4 de junio de 2020 un reportaje en el que afirmaba que más de una de cada cinco familias negras no tienen alimentos suficientes con frecuencia o algunas veces, más de tres veces la proporción en las familias blancas. El 11 de octubre de 2020, ABC News informó que en 2019, el 15,7 por ciento de los latinos vivía en la pobreza, cifra superior en más del doble a la de la población blanca pobre.

IV. Continua agitación social amenaza la seguridad pública

El Gobierno de Estados Unidos ha fallado en su tarea de mantener la ley y el orden, y los tiroteos y otros delitos violentos, que tenían ya una gran incidencia, registraron nuevos máximos durante la pandemia de COVID-19, causando pánico generalizado entre la ciudadanía. El uso desbordado de la violencia por parte de la policía en las labores de aplicación de la ley desató oleadas de protestas en todo el país. La policía ha abusado de la fuerza para suprimir las protestas, y atacó y arrestó periodistas a gran escala, inflamando aún más la ira de la ciudadanía y la persistente agitación social.

Las estadísticas delincuenciales aumentaron durante la pandemia. Aunque las actividades al aire libre se redujeron drásticamente como resultado de las varias medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, las tasas de delitos aumentaron en las grandes ciudades durante ese período. De acuerdo con el Informe Preliminar Uniforme sobre Delitos, dado a conocer en septiembre de 2020, en la primera mitad del año el número de asesinatos y homicidios involuntarios aumentó un 14,8 por ciento interanual, con ciudades con poblaciones de entre 250.000 y 500.000 personas reportando un incremento del 26 por ciento. Durante ese mismo lapso, el número de casos de piromanía aumentó un 19 por ciento frente a un año antes, y en ciudades con poblaciones de un millón o más habitantes, la cifra subió un 52 por ciento. Los asesinatos en Chicago se dispararon un 37 por ciento, en tanto que los incendios provocados aumentaron un 52,9 por ciento. La ciudad de Nueva York registró un incremento del 23 por ciento en los homicidios, mientras Los Angeles experimentó un aumento del 14 por ciento en los asesinatos.

El número de delitos violentos siguió siendo alto. Según informes del FBI revelados en 2020, se estima que durante 2019 se registraron en Estados Unidos 1,2 millones de delitos violentos, incluidos 16.425 asesinatos, 139.815 violaciones, 267.988 robos y 821.182 asaltos agravados, lo que se traduce en cinco asesinatos, más de 40 violaciones, 80 robos y 250 asaltos agravados por cada 100.000 habitantes.

Las ventas de armas y los tiroteos alcanzaron máximos históricos. Un estudio de la Universidad de California-Davis encontró un incremento significativo en la violencia con armas de fuego en Estados Unidos relacionado con un aumento en la adquisición de armas de fuego durante la epidemia del nuevo coronavirus. Una nueva sensación de inestabilidad e inseguridad relacionada con el temor al virus, ha motivado incluso a personas que se consideran enemigas de las armas a comprar armas de fuego por primera vez. El diario The Washington Post informó en su página web el 19 de enero de 2021 que los confinamientos por la COVID-19, las protestas en contra del racismo y los conflictos relacionados con las elecciones, llevaron a la venta de un récord de 23 millones de armas de fuego en 2020, lo que representa un incremento del 64 por ciento con respecto a la cifra de 2019. Las estadísticas de 2020 incluyen más de 8 millones de compradores por primera vez, de acuerdo con la Fundación Nacional de Deportes de Tiro. USA Today informó en su sitio de internet el 18 de diciembre de 2020 que, en relación con los homicidios cometidos con armas de fuego, históricamente Estados Unidos ha reportado una tasa cerca de 25 veces más alta que la de otras naciones ricas. De acuerdo con datos del Archivo de Violencia con Armas de Fuego, más de 41.500 personas murieron víctimas de armas de fuego en todo el país norteamericano en 2020, es decir un promedio de más de 110 por día, una cifra récord. Se registraron 592 tiroteos masivos en todo el país, más de 1,6 por día en promedio. Balaceras en el condado de Chatham, en Carolina del Norte; el condado de Riverside, en California, y el condado de Morgan, en Alabama, dejaron cada una siete muertos. A finales de mayo, Chicago vivió un fin de semana fatídico, cuando 85 personas fueron impactadas por proyectiles, 24 de ellas sufriendo heridas mortales. En la tarde del 9 de enero de 2021, en Chicago, un hombre de 32 años, Jason Nightengale, disparó indiscriminadamente dejando tres muertos y cuatro heridos.

La muerte de George Floyd a causa de la brutalidad policial desató agitación. El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un afroestadounidense de 46 años originario del estado de Minnesota, murió después de que un oficial de policía blanco le presionara el cuello con la rodilla durante ocho minutos mientras lo arrestaba por presuntamente haber cometido un fraude. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que lo que había visto estaba "mal desde todos los puntos de vista", y manifestó que "ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte". El abogado de derechos civiles Ben Crump dijo en una declaración que "este uso de la fuerza abusivo, excesivo e inhumano le costó la vida a un hombre que estaba siendo detenido por la policía para interrogarlo sobre un señalamiento de un delito no violento". Kristen Clark, presidenta y directora ejecutiva del Comité Nacional de Abogados para los Derechos Humanos bajo la Ley, dijo: "En este momento, la profundidad del desespero de la gente negra de este país es enorme en este país. Agréguenle la desbordada violencia policial y tienen la tormenta perfecta". La brutalidad policial desató una indignación visceral, la cual desencadenó en protestas en apoyo del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en todo Estados Unidos, así como en otros países. El malestar escaló a lo largo y ancho del territorio estadounidense, e hizo que los manifestantes bloquearan calles y construyeran barricadas para hacer frente a la policía. Un gran número de comisarías, instituciones públicas y centros comerciales fueron saqueados. El periódico The Guardian informó el 8 de junio de 2020 en su sitio de internet que desde la muerte de George Floyd a manos de la policía, alrededor de 140 ciudades en todos los 50 estados de Estados Unidos han sido escenario de protestas y manifestaciones en respuesta al asesinato.

Los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza. Ante las intensas quejas públicas, el entonces líder de la administración estadounidense añadió combustible al fuego desplegando un gran número de soldados de la Guardia Nacional en todo el país y llamando a disparar. Blanco de balas de goma y gases lacrimógenos, el público se horrorizó y la sociedad cayó en el caos. Agentes federales estadounidenses apresaron manifestantes aparentemente sin causa. Más de 10.000 personas fueron arrestadas, incluidas muchas personas inocentes. La revelación de la muerte a tiros de Breonna Taylor, una mujer afroamericana, durante una redada policial alimentó una nueva ola de protestas de Black Lives Matter en 2020, y solo la ciudad de Louisville reportó arrestos de 435 personas durante el movimiento. The Guardian informó en su sitio web el 29 de octubre de 2020 que al menos 950 casos de brutalidad policial contra civiles y periodistas durante las protestas contra el racismo habían ocurrido desde mayo de 2020. La policía utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y "fuerza letal ilegal" contra los manifestantes.

Periodistas fueron objeto de ataques sin precedentes por parte de las fuerzas del orden. Al menos ocurrieron 117 casos de periodistas arrestados o detenidos mientras trabajaban en la cobertura de las protestas contra el racismo en Estados Unidos en 2020, lo que representa un aumento del 1.200 por ciento con respecto a la cifra de 2019. The Guardian informó en su sitio web el 5 de junio de 2020 que los reporteros fueron golpeados, rociados con gas pimienta y arrestados por la policía en una cantidad nunca antes registrada en Estados Unidos. Hubo 148 arrestos o ataques contra periodistas en el país en el plazo de una semana después del incidente de George Floyd, lo que representa más de lo que se registró durante los tres años anteriores combinados. El Comité para la Protección de los Periodistas dijo en una declaración el 14 de diciembre de 2020 que los periodistas estadounidenses enfrentaron ataques sin precedentes en 2020, la mayoría llevados adelante por las fuerzas del orden.

V. La creciente polarización entre ricos y pobres agrava la desigualdad social

La epidemia de COVID-19 sumió a Estados Unidos en la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Un gran número de empresas cerraron, los trabajadores perdieron sus puestos, la brecha entre ricos y pobres se amplió y la vida de la gente en el estrato inferior de la sociedad se hizo miserable.

La división entre ricos y pobres se amplió aún más. El sitio web de Bloomberg informó el 8 de octubre de 2020 que los 50 estadounidenses más ricos tienen actualmente casi tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país. El uno por ciento más rico de los estadounidenses posee un valor neto combinado que es 16,4 veces el del 50 por ciento más pobre.

La epidemia ha agravado la desigualdad de la distribución de la riqueza. El sitio web de Forbes informó el 11 de diciembre de 2020 que, en los últimos meses de la pandemia, el valor neto colectivo de 614 multimillonarios estadounidenses ha aumentado en 931.000 millones de dólares. La tasa de pobreza de Estados Unidos aumentó a 11,7 por ciento en noviembre de 2020, en comparación con 9,3 por ciento en junio, según investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre Dame.

La epidemia fuera de control condujo al desempleo masivo. La velocidad y magnitud de los cierres de negocios y la pérdida de empleos desafiaron las comparaciones, según un informe del 9 de mayo de 2020 en el sitio web de The Washington Post. Unos 20,5 millones de personas perdieron abruptamente sus empleos, lo que fue aproximadamente el doble de lo que la nación experimentó durante toda la crisis financiera ocurrida de 2007 a 2009. En abril de 2020, la tasa de desempleo se disparó a 21,2 por ciento para las personas que no se han graduado de la escuela secundaria, superando el anterior máximo histórico establecido después de la Gran Recesión. El sitio web de USA Today informó el 8 de agosto de 2020 que 33 áreas metropolitanas de Estados Unidos tenían una tasa de desempleo de más del 15 por ciento en junio de 2020. Alrededor de 11,5 millones de mujeres estadounidenses perdieron su trabajo entre febrero y mayo de 2020.

Decenas de millones de personas sufrieron crisis alimentaria durante la epidemia. Más de 50 millones de personas -uno de cada seis estadounidenses, incluyendo uno de cada cuatro niños- podrían experimentar inseguridad alimentaria en 2020, según un informe del análisis de Feeding America actualizado en octubre de 2020. El sitio web de The Guardian informó el 25 de noviembre de 2020 que, en todo el país, la demanda de ayuda alimentaria se ha amesetado en aproximadamente un 60 por ciento más que en los tiempos previos a la pandemia. Millones de estadounidenses debieron depender de la caridad para poner la cena de Acción de Gracias sobre la mesa en 2020.

La cobertura de seguro de salud se desplomó. Estados Unidos no tiene seguro médico universal debido a la polarización política y el número de personas que posee un seguro de salud se ha reducido drásticamente debido a la epidemia. De marzo a mayo de 2020, se estima que 27 millones de estadounidenses han perdido la cobertura de seguro médico en la pandemia. Sólo en Texas, el número de no asegurados pasó de unos 4,3 millones a casi 4,9 millones, lo que significa que tres de cada diez texanos no están asegurados.

La brecha digital agravó la desigualdad educativa. En 2018, casi 17 millones de niños vivían en hogares sin conexión a internet, y más de 7 millones no tenían computadoras en casa, según un informe que analizó los datos del censo para ese año. El sitio web de Politico informó el 23 de septiembre de 2020 que uno de cada tres estudiantes en la ciudad de Baltimore, que está a sólo una hora en automóvil del Capitolio de Estados Unidos, no posee computadora. Una de cada tres familias afroamericanas, latinas o indios estadounidenses no tiene internet en casa. El aprendizaje virtual se convirtió en un patrón de educación convencional durante la epidemia. En comparación con sus pares más ricos, los niños de bajos ingresos y minorías tienen menos probabilidades de tener tecnología y entornos domésticos adecuados para un estudio independiente debido a sus antecedentes familiares y, por lo tanto, están en desventaja en el aprendizaje electrónico, agravando aún más la brecha educativa causada por la pobreza y la desigualdad racial.

VI. Pisotear las normas internacionales da lugar a desastres humanitarios

En un momento en que la unidad global es necesaria para luchar contra la pandemia de COVID-19, Estados Unidos insiste en poner a "América primero", el aislacionismo y el unilateralismo, imponer sanciones deliberadamente, intimidar y amenazar a las organizaciones internacionales, y abusar de los solicitantes de asilo, lo que ha convertido al país en el mayor alborotador de la seguridad y la estabilidad mundiales.

Estados Unidos se retiró de la OMS. Con el fin de eludir su responsabilidad por sus desastrosas medidas frente a la pandemia, la administración Trump intentó todos los medios para convertir en chivo expiatorio a la Organización Mundial de la Salud (OMS) creando acusaciones falsas contra la organización. El 14 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció su suspensión del pago de cuotas a la OMS, lo que fue criticado unánimemente por la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió una declaración el 14 de abril de 2020, diciendo que cuando el mundo luchaba contra la pandemia de COVID-19, no era apropiado reducir los recursos requeridos para las operaciones de la OMS o cualquier otra organización humanitaria. La presidenta de la American Medical Association, Patrice Harris, declaró el 15 de abril de 2020 que la lucha contra la pandemia requería cooperación internacional y que la suspensión del apoyo financiero a la OMS en este momento crítico es un paso peligroso en la dirección equivocada. El 15 de abril de 2020, el sitio web de The Guardian publicó un editorial y comentó que cuando el mundo necesitaba desesperadamente superar conjuntamente esta amenaza que el mundo nunca había experimentado antes, la suspensión de las cuotas de la OMS por parte del gobierno estadounidense fue un acto que carecía de moralidad y perturbaba el orden internacional, y era una horrible traición a la solidaridad global. En julio de 2020, la administración Trump anunció descaradamente su retirada de la OMS a pesar de la oposición de la comunidad internacional.

Estados Unidos abandonó sus compromisos y se retiró del Acuerdo de París. Estados Unidos, como el mayor emisor acumulativo de gases de efecto invernadero del mundo, debería haber hecho el mayor aporte para la reducción de emisiones, en base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sin embargo, Estados Unidos invirtió la rueda de la historia sin escrúpulos y se retiró oficialmente del Acuerdo de París el 4 de noviembre de 2020, convirtiéndose en el único país entre casi 200 partes contratantes en abandonar el tratado. La comunidad internacional llegó a un consenso de que la medida estadounidense era políticamente miope, científicamente equivocada y moralmente irresponsable. "Es probable que el hecho de que Estados Unidos se retire de París reduzca los esfuerzos para mitigar los problemas y, por lo tanto, aumente el número de personas que se encuentran en una situación de vida o muerte debido a los impactos del cambio climático", dijo la científica climática de la Universidad de Cornell Natalie Mahowald, coautora de los informes científicos de la ONU sobre el calentamiento global.

Las acciones de intimidación amenazaron a las organizaciones internacionales. El 11 de junio de 2020, el gobierno de Estados Unidos autorizó sanciones económicas y restricciones de viaje contra los trabajadores de la Corte Penal Internacional (ICC, siglas en inglés) y sus familiares por investigar a las tropas estadounidenses y funcionarios de inteligencia por posibles crímenes de guerra en Afganistán y en otros lugares. Las sanciones estadounidenses dirigidas al personal de la ICC son "un ataque directo a la independencia judicial de la institución", según un artículo en el sitio web de ONU NEWS del 25 de junio de 2020. El 19 de junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución condenando enérgicamente la brutalidad policial que condujo a la muerte del afroamericano George Floyd. Citando comentarios de grupos de derechos humanos, AFP dijo que, debido a un "fuerte cabildeo", la versión final de la resolución eliminó el llamado a nuevas investigaciones y quitó cualquier mención al racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos. Al intimidar a otros países, Estados Unidos diluyó el texto de la resolución, escapó de las investigaciones internacionales otra vez y corrió en contra de la ascendencia africana en Estados Unidos y las víctimas de la violencia policial, dijo American Civil Liberties Union.

Las sanciones unilaterales agravaron la crisis humanitaria. En un momento crítico en que la pandemia de COVID-19 se propaga a nivel mundial y amenaza la vida, la salud y el bienestar humanos, todos los países deben trabajar juntos para responder a la pandemia y mantener la seguridad mundial de la salud pública. Sin embargo, durante esta pandemia, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a países como Irán, Cuba y Venezuela, lo que dificulta a los países sancionados obtener de manera oportuna los suministros médicos antipandémicos necesarios. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el 24 de marzo de 2020 que, en el caso de una pandemia mundial, las sanciones obstaculizarían el trabajo médico y aumentarían los riesgos para todos. Sostuvo que para mantener la seguridad sanitaria pública mundial y proteger los derechos y la vida de millones de personas en los países sancionados, las sanciones deberían relajarse o suspenderse en ciertos sectores. Un grupo de 24 diplomáticos de alto rango instó al gobierno estadounidense a aliviar las sanciones médicas y humanitarias contra Irán, señalando que la medida "podría potencialmente salvar las vidas de cientos de miles de iraníes", según un informe del sitio web de The Guardian del 6 de abril de 2020. El 30 de abril de 2020, expertos en derechos humanos de la ONU dijeron que el embargo estadounidense a Cuba y las sanciones a otros países socavan gravemente la cooperación internacional para frenar la pandemia y salvar vidas. Los expertos pidieron a Estados Unidos que aplique resoluciones de la ONU y levante su embargo económico y financiero a Cuba y que no establezca barreras que impidan a Cuba financiar la compra de medicinas, equipos médicos, alimentos y otros bienes esenciales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, y el relator especial sobre el derecho a la educación emitieron una declaración conjunta el 6 de mayo de 2020, diciendo que las sanciones estadounidenses a Venezuela estaban perjudicando gravemente los derechos humanos de las personas en el país. Instaron a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones que exacerbaban el sufrimiento del pueblo cuando la pandemia se desató en el país. El 29 de diciembre de 2020, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pidió a Estados Unidos que elimine las sanciones unilaterales contra Siria, señalando que las sanciones exacerbarían la ya grave crisis humanitaria en Siria y afectarían duramente los derechos del pueblo sirio a la vida, la salud y el desarrollo.

Los solicitantes de asilo fueron tratados cruelmente. Según un informe de CNN del 30 de septiembre de 2020, en el año fiscal 2020, 21 personas murieron bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), lo que es más del doble del número de muertes del año fiscal 2019, y también la cifra anual más alta de muertes desde 2005. En un informe del 30 de octubre de 2020, Los Angeles Times escribió en su sitio web que un gran número de niños migrantes quedaron varados bajo custodia. Los datos mostraron que, de los 266.000 niños migrantes detenidos por el gobierno en los últimos años, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, cerca de 1.000 niños migrantes han pasado más de un año en sitios para refugiados, y algunos de ellos han pasado más de cinco años bajo custodia. Según informaron varios medios estadounidenses, decenas de mujeres de América Latina y América Central han presentado quejas ante tribunales federales en Georgia, alegando que fueron sometidas a cirugía ginecológica, incluida la histerectomía, sin su consentimiento, lo que ha causado graves daños a su bienestar físico y espiritual. Otro informe del sitio web de The Guardian del 22 de octubre de 2020 escribió que varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación. Aquellos que se negaron a firmar fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares bajo las órdenes de expulsión, por lo que los solicitantes de asilo renuncian a sus derechos a nuevas audiencias de inmigración y aceptan la deportación.

Deportación forzada continuó durante la pandemia de COVID-19. Según datos de ICE, hasta el 14 de enero de 2021, un total de 8.848 detenidos han sido confirmados como infecciones de COVID-19. En base a un informe del sitio web de Los Angeles Times del 18 de noviembre de 2020, el gobierno estadounidense ignoró el riesgo de la pandemia y ha expulsado al menos a 8.800 hijos no acompañados de inmigrantes ilegales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los niños migrantes que regresaron de Estados Unidos a México y Centroamérica se enfrentan al riesgo de diferentes peligros y discriminación.

Indulto a criminales que masacran ciudadanos de otros países. El 30 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una declaración, diciendo que el indulto del entonces presidente de Estados Unidos a cuatro contratistas de Blackwater condenados por crímenes de guerra en Irak violaba las obligaciones estadounidenses en virtud del derecho internacional. La declaración instó a todos los Estados de la Convención de Ginebra a condenar la acción estadounidense. Los cuatro contratistas de Blackwater fueron encontrados cometiendo una masacre en la plaza Nisour en Bagdad en 2007, la cual provocó la muerte de 14 civiles desarmados y al menos 17 heridos, según el comunicado. El indulto a los contratistas de Blackwater fue una afrenta a la justicia y a las víctimas de la masacre de la plaza Nisour y sus familias, dijo el presidente del Grupo de Trabajo. El indulto a los contratistas de Blackwater "contribuye a la impunidad y tiene el efecto de envalentonar a otros para cometer este tipo de crímenes en el futuro", dijo Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.